España: deuda externa, crecimiento cero y democracia autoritaria.

El aumento de la deuda externa y las dificultades del modelo productivo español para lograr un crecimiento suficiente en la economía global plantean un futuro incierto de problemas sociales. De momento la respuesta política parece apuntar hacia una democracia autoritaria.

De un tiempo a esta parte se transmite a la ciudadanía la idea de que las reformas están dando su fruto, que el punto de inflexión ha llegado. Pero cuesta creer que a partir de ahora el comportamiento de la economía irá mejorando si atendemos al análisis de dos factores en los que apenas se profundiza en el debate público.

Por un lado es poco probable que España crezca lo suficiente para pagar religiosamente los intereses generados por una deuda que se asoma ya al 100 % del PIB. Con un modelo productivo estancado en el pasado, la capacidad del reino para crear riqueza en la sociedad del conocimiento y la información es más que incierta, agravada aún más si cabe por la fuga de cerebros, la desinversión en I+D+I y la lacra del nepotismo o la corrupción, que sepultan a los mejor preparados y catapultan al éxito los mejor relacionados.


Por otro lado, aunque se ensalza sistemáticamente la evolución de las exportaciones para lanzar un mensaje alentador, simultáneamente se elude la simple cuestión de que las exportaciones dependen del poder de compra de los países receptores de las mismas. Y se evita entrar en este análisis tan obvio porque un mero vistazo superficial al asunto acabaría de lleno con el objetivo prioritario del gobierno: fomentar el optimismo y la esperanza.

Como es sabido la crisis tiene una dimensión mundial y sistémica, de modo que está afectando al nivel de riqueza de todas las naciones. Cada vez son menos los que pueden importar y al tiempo cada vez son más los que necesitan exportar. Las consecuencias son evidentes: la competencia entre exportadores crece, el poder de negociación de los importadores se dispara y por tanto éstos imponen rebajas en los precios que disminuyen el beneficio derivado de la exportación.

El caso de China, principal exportador del mundo, es muy ilustrativo. El gigante asiático ha alcanzado dicho rango gracias a su ingente reserva de divisas mundiales, que la ha convertido en la primera fuente de financiación del consumo de potencias como USA. Es decir, China vende en el resto de mundo porque puede financiar a sus compradores. España no está en condiciones de competir holgadamente en este escenario mundial de la exportación, por lo que su capacidad de adquirir ingresos por esta vía seguirá siendo modesta.

Como es sabido España tiene serias dificultades. Cuando se carece de un modelo productivo diseñado para la exportación, cambiar esta circunstancia requiere como mínimo una década. Ganar rápidamente competitividad en el mercado mundial obliga a rebajar los salarios, cosa que ya se ha hecho siguiendo los dictados de los acreedores internacionales, el FMI y la Troika. Pero esta medida tiene un alto coste político, como se observa por la caída del bipartidismo tradicional, y un alto coste económico para un país cuya principal fuente de ingresos se ha basado en el consumo interno.

La realidad es pues muy distinta a esa supuesta "luz al final del túnel". De algún modo todo el mundo sabe o intuye, aunque no se quiera admitir, que la riqueza total del país seguirá disminuyendo de forma desigual, concentrándose en pocas manos,  al tiempo que el descontento social irá en aumento.

De hecho, si tomamos las reformas legales como un indicio del panorama social previsto por el ejecutivo para el corto y medio plazo, este diagnóstico parece confirmarse. El nuevo Código penal o la polémica Ley de seguridad ciudadana suponen un giro hacia una política más represiva con las manifestaciones del descontento ciudadano y evidencian una previsión claramente pesimista de los problemas sociales derivados del empobrecimiento general del país. El caso extremo podría ser la posible privatización de servicios de seguridad hasta ahora ejercidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Si finalmente se confirma esta propuesta, ¿qué se busca con esta medida además de favorecer ciertos intereses empresariales privados? Con este movimiento el aparato estatal tendría la opción de eludir responsabilidades morales y jurídicas ante posibles arbitrariedades o abusos de poder implementados para mantener el orden en un posibles escenario de conflictividad social alta.


Samuel R.