Nuestros montes hipotecados

Sucesos como el incendio forestal que este fin de semana ha asediado el Parque Nacional de Doñana, ponen en evidencia las nefastas políticas medioambientales emprendidas por las administraciones autonómicas y estatal. Es la voluntad de ver nuestros montes hipotecados.

      Se veía venir. Ni olas de calor, ni inoportunas rachas de viento que se levantan en el peor momento, ni la acción aislada de algún que otro pirómano energúmeno, ni nada que pueda deberse al desafortunado azar. Si estos días ha faltado bien poco, y todavía no se puede decir que el peligro ha desaparecido del todo, para que una de las reservas naturales más extraordinarias de Europa haya quedado asolada por el fuego, esto es responsabilidad casi exclusiva de los representantes políticos de turno y de los gestores que han sido nombrados por éstos. Basta de excusas peregrinas y de desviar la atención hacia otras cuestiones que nada tienen que ver. Si se invierte en el monte, y en el personal dedicado a conservarlo, estas cosas no pasan o por lo menos no lo hacen tan a menudo. Ha tenido que ocurrir en Doñana, un paraje emblemático, para que el foco de atención se centrara en un problema que afecta a la totalidad de nuestros espacios naturales.

      Para empezar a comprender una parte del problema no basta con escudarnos en la polémica Ley de Montes de 2015, que en teoría permitiría recalificar urbanísticamente antiguas zonas forestales afectadas por un incendio. Esto último no es del todo cierto, ya que este supuesto sólo es válido en caso que deban acometerse grandes infraestructuras de carácter público motivadas por el "interés general" (un término hasta cierto punto ambiguo), lo que cierra el paso mayormente a los especuladores inmobiliarios del sector privado. De hecho desde 2001 sólo el 0,15% de los incendios provocados lo han sido porque detrás existía la intención de recalificar el terreno para urbanizarlo (ver este artículo de El Conficencial). Es más, espacios como Doñana quedan bajo el amparo de la Ley de Parques Naturales de 2014, que en principio prohíben categóricamente la recalificación de cualquier área protegida.

 

     No se trata pues de un problema de desprotección legal, sino más bien de la falta de rigor a la hora de aplicar las legislaciones pertinentes y de que éstas, a menudo, no dotan a los agentes forestales de la autoridad y medios suficientes como para que puedan acometer su labor de manera eficaz. Una vez más a vueltas con la indefinición en las leyes y, por supuesto, con la estrecheces en los presupuestos relacionadas con esa austeridad que sólo se aplica en unos casos y en otros no. El resultado de todo esto es que, año tras año, se reducen las plantillas de agentes forestales y estos quedan supeditados en sus funciones a las unidades de la Guardia Civil (SEPRONA). Sin capacidad efectiva para cursar denuncias y actuar como unos agentes de la Ley más y con una dotación cada vez más deficiente, las patrullas forestales terminarán siendo únicamente un adorno en nuestros montes. Por ejemplo, en Andalucía (allí donde precisamente se ubica Doñana) se ha denunciado repetidamente que las patrullas cuentan con vehículos cada vez más obsoletos y, para empeorar más las cosas, se les ha ido reduciendo la cantidad de combustible que pueden utilizar. Luego pasa lo que pasa, todo son lamentos y la señora Susana Díaz aparece ante las cámaras para demostrar lo preocupada que está por la situación. No lo estaba tanto cuando se paseaba exultante por el Rocío o la Feria de Abril. Los desastres siempre pueden evitarse o, cuanto menos, minimizarse. A la vista está que alguien no ha estado haciendo su trabajo.

 

    Una palabra resuena por encima de toda esta problemática, recortes. A lo largo de los años de crisis han ido afectando a todo el sector público y la gestión de los montes no ha sido una excepción. Menos medios para realizar tareas de limpieza de matorral y vegetación seca, cortafuegos deficientemente acondicionados por ese mismo motivo y reducción de plantillas en el parque de bomberos destinado a tareas de extinción. La solución de esta ecuación es sencilla, el riesgo de incendios aumenta invariablemente. Más cuando nos enfrentamos a veranos extremadamente secos y calurosos, una tendencia al alza alimentada por el Cambio Climático. A todo esto debemos sumar las políticas de gestión de repoblación de las áreas forestales, que durante muchos años priorizaron las replantaciones con especies de rápido crecimiento al resultar más rentables o tener aplicaciones para la industria. El invasor eucalipto (género Eucalyptus) o el pino carrasco (Pinus halepensis) resultaban idóneos para estos cometidos, pero son árboles que, dada la concentración de aceites esenciales que presentan, arden casi como si estuvieran empapados en gasolina. En los montes donde están presentes el fuego avanza imparable arrasándolo todo con gran rapidez, no podría ser de otra manera ¿Quién se acuerda del monte mediterráneo original, con sus formaciones de encinas, alcornoques, pinos rodenos, madroños y demás? Mucho tiempo hace que esos bosques primigenios fueron sustituidos por plantaciones destinadas al aprovechamiento humano. Sí, este tipo de políticas tiene efectos a largo plazo que traen como consecuencia los incendios que ahora sufrimos.

 

    De esta manera es como islas de naturaleza casi prístina, como Doñana, terminan amenazadas y todas las criaturas que allí viven corren peligro de muerte. Es la suma de muchos factores: leyes ambiguas o inapropiadas, recortes presupuestarios, mala gestión, hacer oídos sordos de la advertencias de aquellos que ya llevan un tiempo señalando que algo así podría ocurrir y unas condiciones climáticas cada vez menos favorables. El conjunto es un todo, ver nuestros montes hipotecados. No me cabe la menor duda de que sucesos tan tristes como el de la semana pasada volverán a repetirse. Es inevitable.

 

 

 

Juan Nadie       

 

 

Para saber más:
 

Incendios en Doñana: otra amenaza anunciada (La Marea).