En un contexto de crisis como el actual, hablar sobre el reparto de la riqueza se hace necesario al comprobar los alarmantes niveles de pobreza y desigualdad que se están alcanzando en nuestra sociedad.
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Ranking de las diez personas más ricas de España. Obsérvese que la familia Ortega acumula un patrimonio
muy superior al de los restantes multimillonarios y que la gran mayoría, a excepción de tres (una de las cuales
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Imaginemos por un momento que el señor Amancio Ortega Gaona, fundador del impresionante emporio Inditex y el hombre más rico de España con diferencia (también una de las grandes fortunas del planeta), se volviese completamente loco un buen día y decidiera repartir todo su patrimonio a partes iguales entre el conjunto de la población del país, es decir, que a todos sin distinciones nos tocara un pellizco equitativo de tan suculenta fortuna. Pues bien, hay quien se ha dedicado a imaginar semejante supuesto para comprobar cuánto nos tocaría a cada uno, una cantidad que ya ha sido bautizada como el Índice Robin Hood (ya se sabe, por aquello de quitarle a los ricos para dárselo a los pobres). Los resultados han sido publicados en el portal Bloomberg y vienen diferenciados por países. Cómo no el nuestro también figura y, según los autores, si Don Amancio se dignara a tan inimaginable acto de generosidad cada español recibiría exactamente 30.278 $ (26.700 € al cambio actual) como recompensa. Ni qué decir tiene que muchos recibirían semejante maná como a quien le toca la lotería, ya que después de todo, ¿a quién no le iban a venir bien esos casi 27.000 eurazos? Sin embargo debemos preguntarnos si una medida tan fantasiosa como esa, en caso de que pudiera hacerse realidad, serviría de algo para paliar la situación en la que nos encontramos.
Para responder a dicha pregunta habrá que presentar primero una serie de datos. La población española en riesgo de exclusión social (cifras del 2014) asciende actualmente a unas 13.567.000 personas, lo que equivale a algo más del 29% del total. Esto no quiere decir que toda esa gente sea pobre de necesidad (a saber, vagabundos, ocupantes de infraviviendas sin ningún servicio básico, habituales de los comedores sociales porque ni tan siquiera les llega para comer...), sino más bien que su situación ha empeorado de manera tal que han empezado a sufrir carencias o serias dificultades para cubrir las necesidades de sus hogares (pagar los recibos del agua o la luz, recambio de electrodomésticos averiados u obsoletos, llenar la despensa con una cantidad de alimentos suficiente, pagar determinados tratamientos médicos, etc.) porque los ingresos que perciben se han reducido o siguen siendo insuficientes. A esto debemos unirle también el hecho de que uno de cada tres menores está en riesgo de pobreza en España. Como habrá quien diga que la tasa Arope (que mide los datos antes presentados) no representa realmente el índice de pobreza del país, podemos irnos a aquel que nos indica cuántas personas viven por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con unos ingresos inferiores a 7.961 € anuales per cápita. Según el INE (el Instituto Nacional de Estadística) aproximadamente el 22,2% de la población española vive por debajo dicho umbral, más de 10.300.000 personas, una cantidad nada despreciable. A pesar de ello todavía habrá algunos que pensarán que pasar con menos de 8.000 € al año tampoco es tan terrible, así que tendremos que afinar más e indicar que la pobreza extrema, que ya implica unas condiciones de vida verdaderamente miserables, afecta ya al 7% de la población, o sea, a más de 3.200.000 personas, que tampoco son pocas (más información, por ejemplo, en Cáritas). Y un dato más, mientras todos estos índices de exclusión han aumentado desde que se iniciara la crisis, el número de multimillonarios no ha dejado de crecer a la par que su patrimonio. Da la impresión de que, cuanto más tienen unos pocos, menos tenemos el resto.
Más datos, esta vez relacionados con el empleo. A pesar de los incontables ejercicios de masturbación mental realizados al respecto por el Gobierno y sus voceros a sueldo, la situación no ha mejorado apenas nada tras cuatro años con el PP en el poder, por no decir que incluso ha empeorado. Repasando las estadísticas que ellos mismos nos ofrecen, vemos que, con respecto a finales de 2011 (cuando todavía gobernaba el infame ZP), el paro sólo se ha reducido en algo menos de 150.000 personas, ¡menudo logro! Algo es algo, dirán los incondicionales, pero no cuentan que, en ese mismo periodo, la población activa (aquella que trabaja en nuestro país o está en condiciones de hacerlo) también se ha reducido en más de medio millón de personas. Sólo es cuestión de echar cuentas con un mínimo de sentido común para hacer balance (para ampliar información, leer la siguiente entrada en Público). A esto hay que unir el hecho de que el actual Gobierno ha apostado por un modelo de mercado laboral donde predominan los empleos precarios, mal pagados y a tiempo parcial. Esto está creando un nuevo estrato social que ya creíamos desaparecido en España, el de los trabajadores pobres, que ya componen cerca del 12,5% de la población empleada (según datos de CC.OO).
Con toda esta información sobre la mesa no parece que darle, así por las buenas, casi 27.000 € a cada ciudadano pueda resolver algo. Es más, aun desplumando por completo a las diez mayores fortunas del país en un radical acto de bolchevismo, ya que probablemente tocaríamos a unos 30.000 € por barba, cambiarían mucho las cosas. No es que ese dinero venga nada mal, pero en realidad nadie puede pensar a día de hoy que eso le arreglaría la vida. Es decir, ponerse en plan Robin Hood para quitárselo todo a los ricos y dárselo a los demás, no termina de solucionar ni de lejos los problemas estructurales de pobreza y desigualdad que padecemos. Hay que pensar en otras soluciones más eficientes, y sobre todo mucho más realistas, para tratar de repartir la riqueza existente y la potencialmente generable y así alcanzar un mayor nivel de bienestar y paridad social.
Una de las opciones posibles pasaría por instaurar una renta básica ciudadana o, en su defecto, una renta mínima de inserción social de la que se beneficiaría la población más desfavorecida. Esta misma semana hemos conocido una propuesta al respecto realizada por Podemos, que implicaría un pago mínimo de 600 € mensuales para aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso y un complemento variable para aquellas otras que ganan menos de 900 al mes; la medida sería algo así como un "plan de choque" contra la pobreza (o al menos así la venden). Según los analistas económicos de dicha formación implantar estas rentas sería algo factible, pues implicaría una inversión de algo más de 15.000 millones de euros, el 1,5% del PIB del Estado actualmente, beneficiando a cerca de ocho millones de personas. La propuesta no está mal de entrada, pero en mi modesta opinión tiene un defecto, se corre el riesgo de estigmatizar a un sector de la población. Desde cierto punto de vista se podría pensar que una medida así desincentivaría la búsqueda de empleo entre aquellos que perciben esa renta mínima de 600 €, o incluso la complementaria, puesto que ya tendrían unos ingresos garantizados. Todo y que en muchos casos eso puede que no sea cierto, ¿quién quiere cobrar 600 € si puede ganar 1.000 con un empleo decente?, ésta es una opinión generalizada. Los beneficiados por estas rentas sociales serían vistos por otros como "un atajo de vagos y parásitos" que no quieren buscarse un empleo y que viven a costa de la gente honrada y trabajadora. Es posible que la medida, todo que bien intencionada, sólo contribuya a excluir socialmente todavía más a quien pretende favorecer.
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| El siguiente cuadro muestra un ejemplo, como otro cualquiera, de cómo se podría aplicar una renta básica (en este caso es una propuesta realizada en su día por el gobierno uruguayo). Según el esquema la población quedaría dividida en cuatro grupos en función de sus ingresos: los que no tienen ningún sueldo reciben el monto íntegro de la renta básica y no pagan impuestos, las personas con bajos ingresos reciben una parte proporcional (y tampoco pagan impuestos), un tercer grupo no percibiría nada y también estaría exento del pago y las rentas más altas serían las únicas que estarían obligadas a tributar. Se trata en esencia de un sistema progresivo en función de la renta (Fuente: scielo.org). |
Es por eso que creo que una renta universal ciudadana, que cobraría por ejemplo cualquier español por el simple hecho de serlo (desde aquellos que viven en las peores condiciones de marginación, hasta el ya citado Sr. Amancio Ortega o las hermanas Koplowitz), me parece una mejor solución. Puede parecer injusto que los ricos también perciban dicha renta, pero de esta manera se elimina la estigmatización de los más desfavorecidos (todos cobran por igual). No hay que ser muy avispado para deducir que un multimillonario no notará apenas nada si recibe 600 u 800 € más al mes, ya que puede ganar cientos de miles o incluso millones, pero tampoco sería exactamente así. Estableciendo un sistema de tributación progresiva más efectivo que el que actualmente tenemos, y según el cual las rentas más bajas estarían exentas de pagar impuestos (como ahora) pero las más altas soportarían mayores cargas, en la práctica los que más tienen no percibirían renta ciudadana alguna puesto que pagarían mucho más de lo que reciben del Estado. Además es erróneo pensar que dicha renta supondría un gasto insostenible para las arcas públicas, ya que al implantarla se deduce la parte proporcional correspondiente a otro tipo de ayudas que ya existen en la actualidad (prestaciones por desempleo, subsidios, pensiones de todo tipo, etc.). No se trata de que algunos cobren más ayudas de las que ahora perciben, siempre y cuando sean suficientes, sino de asistir a aquellos que no reciben nada sin estigmatizarlos.
A pesar de todo esto la implantación de una renta básica siempre plantea dudas en lo referente a la subida de impuestos ¿Cómo llevarla a cabo sin asfixiar todavía más a las clases más humildes con nuevos incrementos en el IVA o en tributos indirectos en los combustibles, la luz o el agua?, medidas que suelen formar parte de cualquier programa de ajuste neoliberal. Una solución factible sería la de instaurar un impuesto a las transacciones financieras (ITF), también llamado tasa Tobin en honor a quien la ideó, el economista estadounidense James Tobin. Algunas organizaciones como ATTAC llevan años defendiendo su implantación como medida de justicia social y frente a la especulación financiera irresponsable. Concebida originalmente como un pequeño impuesto que grabaría las transacciones en las que operara un cambio de moneda, por un valor del 0,5% de su volumen total, la idea ha ido evolucionando con el tiempo. La que se estudia introducir en la UE implica un gravamen de un 0,1% en las transacciones de acciones y bonos y de un 0,01% en las de derivados financieros, como se puede comprobar unas imposiciones mínimas. Pues bien, sólo con eso ya se recaudarían hasta 35.000 millones de euros en el conjunto de toda la Unión y unos 5.000 millones en el ámbito estatal español. Y si los gravámenes fueran ligeramente superiores, de un 0,25% y un 0,1% respectivamente, la cantidad de dinero que revertería en las arcas públicas sería mucho más grande. Una tasa Tobin no mataría los mercados financieros, tal y como plantean los opositores más fanáticos a la medida, y además actuaría amortiguando la inestabilidad de los mismos al frenar las operaciones especulativas de alto riesgo. El principal problema estriba en que, para que un impuesto de esta clase sea efectivo, debe implantarse en el ámbito internacional (no valdría que un país lo adoptase y otros no), con el complejo consenso que ello requiere.
Medidas recaudatorias como la del ITF podrían acompañarse con un fortalecimiento del sector público, es decir, apostar por políticas que fomentasen el empleo dentro de dicho sector. Si comprobamos el peso de las Administraciones Públicas en los distintos países de la UE, descubrimos que España está, como en tantas otras cosas, en el furgón de cola junto a Portugal y otros. En nuestro país hay cerca de 1,3 millones de trabajadores de la función pública, el 9,2% de la población asalariada o, dicho de otro modo, un funcionario por cada 36 habitantes. En comparación en Italia suponen el 11% del total de los trabajadores (aproximadamente un funcionario por cada 32 habitantes), en Alemania el 13% (uno por cada 29 habitantes), en Francia o el Reino Unido el 16% (uno por cada 27 habitantes) y en los países escandinavos (Suecia, Dinamarca y Finlandia), de sobra conocidos por su alto nivel de desarrollo y bienestar, hasta el 25% (un funcionario por cada 20 habitantes). Sabiendo esto, y comparando los niveles de pobreza y desigualdad de todas estas naciones, los ya muy manoseados tópicos de "que en España sobran funcionarios" y que eso "conlleva un excesivo gasto que se solucionaría con más privatizaciones y reducción del sector público", son afirmaciones descaradamente interesadas que no se corresponden con la realidad. De esta manera invertir en el sector público sería una medida que podría paliar las altas tasas de desempleo y la desigualdad. Estos trabajadores se incorporarían, por ejemplo, a los servicios sociales actualmente deficitarios, puesto que en nuestra sociedad hay un gran número de personas mayores o dependientes, así como una cantidad creciente en riesgo de exclusión social necesitadas de algún tipo de apoyo. También sería posible apostar por un reforzamiento de la enseñanza y sanidad públicas y de calidad, sin necesidad de ir por ahí nacionalizando nada. Aunque esto último por supuesto tampoco es descartable, por mucho que horrorice sobremanera a los fundamentalistas neoliberales, cuando hablamos de consejos directivos que incurren en prácticas delictivas que terminan hundiendo la compañía de turno y dejando a todos sus trabajadores en la calle.
Y por supuesto nada de todo lo anterior terminaría dando los resultados esperados si no solucionamos determinados problemas estructurales de nuestra sociedad y de nuestro sistema económico. Un ejemplo son las apabullantes cifras del fraude fiscal en España, que el pasado año ascendió nada más y nada menos que a 253.000 millones de euros (ver Expansión), con algunas provincias como Almería, Granada, Cáceres o Lugo donde la economía sumergida supone casi el 30% del total. Esto es algo que va muchísimo más allá de pagar en negro a los chapuzas que te hacen la reforma en la cocina o que tu mecánico no te haga la factura para evitarse el IVA, puesto que implica mayormente a las grandes fortunas que evaden impuestos y a las grandes trasnacionales que realizan todo tipo de ejercicios de ingeniería financiera para hacer tres cuartas partes de lo mismo. Relacionado con todo esto tenemos los paraísos fiscales, refugio del dinero de grandes defraudadores, dictadores varios, grupos terroristas y el crimen organizado. Apostar por un sistema más justo e igualitario significa erradicar todos estos paraísos para que miles de millones, que bien podrían aliviar el sufrimiento de muchísima gente, no se pierdan por las alcantarillas del sistema financiero global. Esto implicaría una acción decidida a nivel internacional puesto que, una vez más, no serviría de nada que unas naciones la apoyaran y otras no.
Y finalmente hay que apostar decididamente por una nueva ética económica. Como los actores sociales que son, las empresas privadas, ya sean pequeños negocios familiares o grandes compañías de implantación mundial, tienen una responsabilidad para con el conjunto de la sociedad. No se trata ya sólo del enriquecimiento de sus propietarios, algo legítimo por supuesto siempre y cuando no se rebasen determinadas líneas rojas, ni tampoco de los puestos de trabajo que generan. La empresa privada debe implicarse con cuanto sucede en el entorno que la rodea, propiciando medidas de inserción en la comunidad, siendo un ejemplo de protección de derechos y cumplimiento de deberes, apostando por modelos sostenibles a largo plazo y por el respeto al medio ambiente. No necesitamos más "plagas de langostas", agentes que irrumpan para llevarse consigo cuanta riqueza les sea posible, arrasando a su paso, para luego desaparecer tan rápido como vinieron. Necesitamos entidades que contribuyan al progreso y enriquecimiento de la sociedad. A más de uno podrá parecerle utópico, especialmente en un país como España, pero todas las medidas expuestas en los párrafos anteriores, además de estar debidamente estudiadas (abunda la literatura al respecto), podrían aplicarse sin renunciar a ese modelo capitalista y de libre mercado que tanto idolatran algunos. Tan solo es cuestión de voluntad política, tan sencillo como eso. O quizá tan complicado.
A pesar de todo esto la implantación de una renta básica siempre plantea dudas en lo referente a la subida de impuestos ¿Cómo llevarla a cabo sin asfixiar todavía más a las clases más humildes con nuevos incrementos en el IVA o en tributos indirectos en los combustibles, la luz o el agua?, medidas que suelen formar parte de cualquier programa de ajuste neoliberal. Una solución factible sería la de instaurar un impuesto a las transacciones financieras (ITF), también llamado tasa Tobin en honor a quien la ideó, el economista estadounidense James Tobin. Algunas organizaciones como ATTAC llevan años defendiendo su implantación como medida de justicia social y frente a la especulación financiera irresponsable. Concebida originalmente como un pequeño impuesto que grabaría las transacciones en las que operara un cambio de moneda, por un valor del 0,5% de su volumen total, la idea ha ido evolucionando con el tiempo. La que se estudia introducir en la UE implica un gravamen de un 0,1% en las transacciones de acciones y bonos y de un 0,01% en las de derivados financieros, como se puede comprobar unas imposiciones mínimas. Pues bien, sólo con eso ya se recaudarían hasta 35.000 millones de euros en el conjunto de toda la Unión y unos 5.000 millones en el ámbito estatal español. Y si los gravámenes fueran ligeramente superiores, de un 0,25% y un 0,1% respectivamente, la cantidad de dinero que revertería en las arcas públicas sería mucho más grande. Una tasa Tobin no mataría los mercados financieros, tal y como plantean los opositores más fanáticos a la medida, y además actuaría amortiguando la inestabilidad de los mismos al frenar las operaciones especulativas de alto riesgo. El principal problema estriba en que, para que un impuesto de esta clase sea efectivo, debe implantarse en el ámbito internacional (no valdría que un país lo adoptase y otros no), con el complejo consenso que ello requiere.
Medidas recaudatorias como la del ITF podrían acompañarse con un fortalecimiento del sector público, es decir, apostar por políticas que fomentasen el empleo dentro de dicho sector. Si comprobamos el peso de las Administraciones Públicas en los distintos países de la UE, descubrimos que España está, como en tantas otras cosas, en el furgón de cola junto a Portugal y otros. En nuestro país hay cerca de 1,3 millones de trabajadores de la función pública, el 9,2% de la población asalariada o, dicho de otro modo, un funcionario por cada 36 habitantes. En comparación en Italia suponen el 11% del total de los trabajadores (aproximadamente un funcionario por cada 32 habitantes), en Alemania el 13% (uno por cada 29 habitantes), en Francia o el Reino Unido el 16% (uno por cada 27 habitantes) y en los países escandinavos (Suecia, Dinamarca y Finlandia), de sobra conocidos por su alto nivel de desarrollo y bienestar, hasta el 25% (un funcionario por cada 20 habitantes). Sabiendo esto, y comparando los niveles de pobreza y desigualdad de todas estas naciones, los ya muy manoseados tópicos de "que en España sobran funcionarios" y que eso "conlleva un excesivo gasto que se solucionaría con más privatizaciones y reducción del sector público", son afirmaciones descaradamente interesadas que no se corresponden con la realidad. De esta manera invertir en el sector público sería una medida que podría paliar las altas tasas de desempleo y la desigualdad. Estos trabajadores se incorporarían, por ejemplo, a los servicios sociales actualmente deficitarios, puesto que en nuestra sociedad hay un gran número de personas mayores o dependientes, así como una cantidad creciente en riesgo de exclusión social necesitadas de algún tipo de apoyo. También sería posible apostar por un reforzamiento de la enseñanza y sanidad públicas y de calidad, sin necesidad de ir por ahí nacionalizando nada. Aunque esto último por supuesto tampoco es descartable, por mucho que horrorice sobremanera a los fundamentalistas neoliberales, cuando hablamos de consejos directivos que incurren en prácticas delictivas que terminan hundiendo la compañía de turno y dejando a todos sus trabajadores en la calle.
Y por supuesto nada de todo lo anterior terminaría dando los resultados esperados si no solucionamos determinados problemas estructurales de nuestra sociedad y de nuestro sistema económico. Un ejemplo son las apabullantes cifras del fraude fiscal en España, que el pasado año ascendió nada más y nada menos que a 253.000 millones de euros (ver Expansión), con algunas provincias como Almería, Granada, Cáceres o Lugo donde la economía sumergida supone casi el 30% del total. Esto es algo que va muchísimo más allá de pagar en negro a los chapuzas que te hacen la reforma en la cocina o que tu mecánico no te haga la factura para evitarse el IVA, puesto que implica mayormente a las grandes fortunas que evaden impuestos y a las grandes trasnacionales que realizan todo tipo de ejercicios de ingeniería financiera para hacer tres cuartas partes de lo mismo. Relacionado con todo esto tenemos los paraísos fiscales, refugio del dinero de grandes defraudadores, dictadores varios, grupos terroristas y el crimen organizado. Apostar por un sistema más justo e igualitario significa erradicar todos estos paraísos para que miles de millones, que bien podrían aliviar el sufrimiento de muchísima gente, no se pierdan por las alcantarillas del sistema financiero global. Esto implicaría una acción decidida a nivel internacional puesto que, una vez más, no serviría de nada que unas naciones la apoyaran y otras no.
Y finalmente hay que apostar decididamente por una nueva ética económica. Como los actores sociales que son, las empresas privadas, ya sean pequeños negocios familiares o grandes compañías de implantación mundial, tienen una responsabilidad para con el conjunto de la sociedad. No se trata ya sólo del enriquecimiento de sus propietarios, algo legítimo por supuesto siempre y cuando no se rebasen determinadas líneas rojas, ni tampoco de los puestos de trabajo que generan. La empresa privada debe implicarse con cuanto sucede en el entorno que la rodea, propiciando medidas de inserción en la comunidad, siendo un ejemplo de protección de derechos y cumplimiento de deberes, apostando por modelos sostenibles a largo plazo y por el respeto al medio ambiente. No necesitamos más "plagas de langostas", agentes que irrumpan para llevarse consigo cuanta riqueza les sea posible, arrasando a su paso, para luego desaparecer tan rápido como vinieron. Necesitamos entidades que contribuyan al progreso y enriquecimiento de la sociedad. A más de uno podrá parecerle utópico, especialmente en un país como España, pero todas las medidas expuestas en los párrafos anteriores, además de estar debidamente estudiadas (abunda la literatura al respecto), podrían aplicarse sin renunciar a ese modelo capitalista y de libre mercado que tanto idolatran algunos. Tan solo es cuestión de voluntad política, tan sencillo como eso. O quizá tan complicado.
Artículo escrito por: El Segador
Para saber más:
¿A cuánto tocaríamos si los más ricos del mundo repartieran su fortuna? (El blog salmón).
La 20 mayores fortunas de España poseen tanta riqueza como el 30% más pobre (el Economista).
Los españoles en situación de pobreza alcanzan ya el 29,2% (20 minutos).
Red Renta Básica.
España podría recaudar alrededor de 5.000 millones anuales con la tasa Tobin (Nueva Tribuna).
Panorama de las Administraciones Públicas 2013.
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