El riesgo moral y la corrupción del sistema.

El riesgo moral, ligado a la protección de las entidades demasiado grandes para dejarlas caer, se ha generalizado por efecto de la corrupción, convirtiendo en norma la injusta práctica de socializar las pérdidas.  

El concepto de riesgo moral refiere la situación económica en que un actor conoce que las consecuencias negativas de sus acciones serán transferidas a terceros. La protección estatal de las entidades financieras ante eventuales quiebras es el caso más paradigmático, el conocido "demasiado grande para caer". Tras el crack del 29 se convino que era necesario proteger a las entidades financieras para evitar el colapso del sistema económico. Los pánicos bancarios y la pérdida de confianza de millones de clientes que asistieron a la volatilización de sus ahorros, aconsejaron reformar el sistema financiero sobre la sólida roca de la protección estatal. Desde entonces, el estado pasó a desempeñar el rol de asegurador de último recurso.

Como suele suceder en el campo de las ciencias sociales, el contingente universo de la historia, la solución a un problema constituye la semilla de otros nuevos que se manifestarán con el tiempo. En efecto, la protección estatal del sistema financiero entrañaba un riesgo de tipo moral: el peligro de que los bancos, movidos por el ansia de beneficios, se atrevieran a ir demasiado lejos, seguros de que en caso de quiebra el dinero de los contribuyentes se emplearía para sanear sus cuentas. Para conjurar estos demonios, estos animal spirits, se implementaron medidas de control, supervisión y restricción del modelo de negocio de la banca, medidas que en USA sufrieron una notable relajación con la política neoliberal de Reagan.



Como es bien sabido, estos mecanismos de supervisión no se han cumplido en el caso de las entidades financieras que han quebrado en la presente crisis y el desenlace ha sido tremendamente oneroso para los contribuyentes, tan costoso que ha abierto una brecha social dificilmente subsanable y que amenaza con volverse endémica, cambiando totalmente el modelo de sociedad que hemos conocido hasta ahora. El adelgazamiento de la clase media y el aumento de la pobreza en los países que hasta la fecha han gozado del estado de bienestar son en buena parte resultado del riesgo moral y la tendencia sistémica a minimizar las pérdidas, aunque sea transfiriéndolas a terceros.

De hecho el origen mismo de la crisis actual guarda una estrecha relación con el riesgo moral. Cuando las entidades financieras americanas quisieron protegerse frente a los riesgos excesivos del mercado hipotecario, diseñaron los CDOs (Collateralized Debt Obligation), un derivado vinculado a la evolución del mercado inmobiliario norteamericano que se comercializó en los mercados financieros internacional.  El mecanismo del riesgo moral en este caso es tan sencillo como en los anteriores, puesto que básicamente un derivado es un activo cuyo valor se basa en el valor de otro, con lo que si éste baja también lo hace aquél. De este modo la colocación de CDOs aseguraba que si el negocio hipotecario se venía abajo, las pérdidas podrían compensarse absorbiendo los ahorros de millones de ciudadanos del mundo que, sabiéndolo o no, habían invertido en estos productos financieros. Es lógico que Alan Greenspan, el anterior gobernador de la Reserva Federal, los calificará de "herramientas indispensables de gestión del riesgo". La propagación de estos activos tóxicos por entidades bancarias de todo el mundo explica el contagio de la crisis financiera americana a la economía europea y el consiguiente desajuste de la economía mundial. (1)

Pero hoy por hoy asistimos a una universalización del riesgo moral. Ahora todas las grandes empresas con pérdidas reclaman que las rescate el estado. No sólo los bancos, también las propietarias de autopistas privadas (2) en riesgo de quiebra negocian en este momento con el gobierno el saneamiento de sus deudas con cargo al erario público. Presuntamente, sucede lo mismo con la plataforma Castor, conocida por los terremotos recientemente provocados en el norte de Castellón y sur de Catalunya como consecuencia de inyecciones de gas. De acuerdo con una cláusula no anulada por el Tribunal Supremo, el gobierno debería indemnizar a ACS, del presidente del Real Madrid Florentino Pérez, en caso de que la plataforma se viera obligada a cerrar o a cancelar las inyecciones.(3)

El mismo modelo de las empresas públicas, sin la adecuada supervisión financiera, suponen un alto riesgo moral. Y de hecho la evolución de estos proyectos ha acabado por confirmar los peores presagios. Creadas al amparo de la protección estatal y presuntamente aprovechadas, en algunos casos, por políticos corruptos para desviar fondos públicos, han sido sistemáticamente mal gestionadas, quizá porque jamás se idearon como auténticos negocios, sino como tapaderas o como fábricas de voto cautivo. En cualquier caso, sus cuentas deficitarias y la deuda acumulada tendrán que ser asumidas por terceros, los tan castigados contribuyentes.

Otro tanto sucede con los servicios públicos de gestión privada. Existen casos clamorosos, como el hospital de la Rivera, en la valenciana localidad de Alzira, cuya empresa gestora sigue recibiendo el apoyo de la Generalitat a pesar de incurrir repetidas veces en pérdidas. Aún así, se renueva su contrato y se le vuelven a suministrar los fondos públicos correspondientes. (3) ¿Harían ustedes lo mismo con el gerente de su negocio? Algo huele mal en todo esto.

Esta practica generalizada de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas es una clara evidencia de la corrupción radical que afecta al sistema capitalista, una insultante doble moral que apunta a la vigencia de la lucha de clases, concepto trasnochado según algunos. Las doctrinas liberales que reclaman el abstencionismo estatal son cuestionadas por aquellos mismos que las apoyan cada vez que una gran empresa transfiere sus balances negativos a los contribuyentes, negándose a cubrir sus propias pérdidas con el patrimonio particular de sus principales accionistas. Sin embargo, cuando el desempleo y la extensión de la pobreza aconsejan más que nunca una fiscalidad progresiva, son las grandes fortunas las que ponen en marcha sus instrumentos de propaganda para difundir las bondades de la privatización de los servicios públicos y el no intervencionismo.

Sin lugar a dudas, hay en marcha una escandalosamente inmoral transferencia de las rentas del trabajo a las rentas del capital, una absorción de los recursos de los más desfavorecidos que está erosionado los cimientos del pacto social. Asimismo, la pasividad de los partidos mayoritarios o incluso su connivencia con estas prácticas corruptas despiertan en la ciudadanía el peligroso convencimiento de que la contención de esta inmoralidad endémica del juego capitalista no vendrá de las instituciones democráticas. Algunos ya se decanta por soluciones burdas y contundentes, agobiados por una dificultad creciente por sobrevivir e indignados por estar pagando un precio muy alto por una crisis que no han provocado mientras los culpables nadan en la abundancia. Son presa fácil de populismos totalitarios, son el caldo de cultivo que ya está ahí a la espera.

Luis B.


Notas

(1) Los CDO han sido el vehículo por el que una crisis hipotecaria local reverbera por todo el mundo. ¿Cómo es posible? Lacaixa.comunicacions.com

(2) Fomento acelera el rescate de las autopistas privadas. Infolibre

(3) El Supremo no anula la cláusula que aseguraba a ACS una indemnización si se cierra Castor. Público.

(4) El modelo del hospital de Alzira. Salvados. La Sexta.