Lo que se esconde detrás de los sucesos de Lavapiés

Los disturbios del pasado fin de semana en el madrileño barrio de Lavapiés han centrado la atención mediática. Sin embargo, pocos análisis en profundidad se realizarán acerca de sus causas, la existencia de una economía sumergida totalmente normalizada.

Como se puede observar en esta gráfica, economía sumergida hay en todas partes, incluso en países tan cívicos como Suiza o Noruega. Sin embargo, al referirnos exclusivamente al contexto europeo, vemos como los países de la zona mediterránea se llevan la palma. En España esta economía en la sombra supone un porcentaje nada despreciable del PIB que, invariablemente, involucra a parte importante de la sociedad (Fuente: statista.com). 

      Como viene siendo más que habitual en estos casos, a raíz de los sucesos acaecidos estos últimos días en el barrio de Lavapiés, considerado el centro de la multiculturalidad en Madrid, se han realizado comentarios y valoraciones de toda índole. La muerte de Mame Mbaye, un inmigrante senegalés de 35 años que se ganaba la vida con lo que se conoce popularmente como "top manta", desató una repentina oleada de protestas y disturbios en el citado barrio que se saldó con destrozos en el mobiliario urbano y varias detenciones, amén de la tensión desatada por los enfrentamientos entre la policía y grupos de incontrolados, no necesariamente todos ellos extranjeros de origen africano. El oportunismo mediático de unos y otros ha centrado el foco de atención en una serie de asuntos concretos: el acoso policial a los "manteros" y el racismo de algunos integrantes de las fuerzas del orden, los problemas de convivencia en los barrios con un alto porcentaje de residentes extranjeros, la inmigración irregular, la supuesta actuación de determinadas personas pertenecientes al consistorio madrileño, y quizá algunas otras presuntamente vinculadas al entorno de Podemos, y que ayudaron a encender los ánimos en Lavapiés, el tratamiento que los medios han dado a todo el asunto...

     A mi entender éstas y otras cuestiones relacionadas importan bien poco, porque detrás de todo lo sucedido subyace un fenómeno muy propio de nuestra sociedad y que no es otro que el de la economía sumergida. Fenómeno que desde luego no se ha tratado en profundidad en estos días, pero que sin lugar a dudas podría explicar la situación que se vive en el barrio madrileño. Ensañarse con el ultimísimo y más débil eslabón de toda la cadena, los inmigrantes de origen subsahariano que se exponen en las calles para ganarse la vida peor que bien con la venta ambulante, es una actitud bastante mezquina y evidentemente xenófoba. Pero siempre resultará más sencillo cebarse con ellos, y ya de paso concentrar el foco mediático en la persecución de la inmigración irregular, que tratar de reconfigurar la estructura de la economía española cambiando determinadas actitudes que están ya demasiado asentadas en nuestra sociedad. Al fin de cuentas el "top manta" no existe porque los chicos y chicas de origen africano a los que lo asociamos quieran dedicarse a eso. Existe porque hay mucha gente que compra esos artículos falsificados para ahorrarse dinero, es una ley básica de la economía, si no hay demanda desaparece la oferta.

     Es más o menos lo mismo que pasa con la prostitución, que no existe por las putas sino por los puteros, o las drogas, que no triunfan a causa de los camellos sino por toda la gente que las busca para colocarse. En estos y otros casos es el cliente el que pone en marcha la rueda de la actividad económica en la sombra, ya que sin él ni tan siquiera existiría. Todo lo demás son estructuras que se van creando y crecen en torno a esa demanda creada por los clientes y consumidores en potencia, estructuras criminales no pocas veces, que explotan aquellos que las integran originando situaciones de abuso y marginalidad. Después de todo detrás de los "manteros" y otros vendedores ambulantes se esconden oscuras organizaciones que los explotan y se lucran con la actividad que realizan, exponiéndose muchísimo menos que ellos a la presión de las fuerzas de la Ley.       
Y en ultima instancia, ¿quién estará detrás de los talleres, a buen seguro radicados en países lejanos y no especialmente opulentos, donde se fabrican todos esos productos de imitación que tan baratos nos cuestan? ¿Y quién estará detrás de las redes de distribución internacional que nos los hacen llegar hasta aquí? Algo me dice que no será gente que viva en Lavapiés y otros barrios parecidos, sí gente poco recomendable y seguramente más rica y poderosa (e incluso bien relacionada) de lo que podamos imaginar. Esa gente representa el extremo opuesto de la cadena iniciada por los clientes, de una u otra forma el dinero que sale de los bolsillos de éstos va a parar a los suyos, y sólo una cantidad exigua, la mínima imprescindible para seguir subsistiendo, se queda en manos de los bien visibles y más que vulnerables vendedores ambulantes.

     En un país donde la economía sumergida supone más del 17% del PIB (datos del año pasado) no es de extrañar que actividades irregulares como el "top manta" sean más que habituales. El citado porcentaje supone un monto aproximado de casi 210.000 millones de euros que escapan del control del fisco o, lo que es lo mismo, que casi uno de cada cinco euros que se mueven en España lo hacen de forma fraudulenta. Las cifras del fraude fiscal no son menos espectaculares, ya que en 2016 éste se estimaba que alcanzaba una cifra próxima a los 26.000 millones de euros, lo que supone alrededor del 2,5% de la economía española  (ver esta noticia de La Nueva España) ¿Quiénes son los grandes defraudadores de nuestro país? Basta consultar la lista de morosos de Hacienda (publicada hace casi un año por eldiario.es), en la que aparecen nombres tan "ilustres" como la familia Ruiz Mateos, la empresa familiar de la que forma parte la actual ministra de sanidad Dolors Monserrat (Monserrat Operador Logístico), Gerardo Díaz Ferrán (ex presidente de la CEOE con varias causas pendientes con la Justicia), Mónica Oriol (ex presidenta del Círculo de Empresarios), el ineludible Mario Conde, Luis Miguel Rodríguez (conocido como "el rey del desguace" y en el pasado bien relacionado con el clan de los Franco, pues fue pareja sentimental de Carmen Martínez Bordiú), la familia Serrasola Cartula (antigua propietaria de una importante cementera en Valencia), Roberto Lidiano López Abad (uno de los principales responsables de la quiebra de la CAM) y hasta personajes bien conocidos como los diseñadores Victorio y Lucchino o los televisivos Kiko Matamoros y José Emilio Rodríguez Menéndez (abogado relacionado con el mundillo de la prensa rosa y salpicado por todo tipo de escándalos).

     Y es que de figurar en esta lista de morosos ni tan siquiera se libran importantes grupos inmobiliarios como Reyal Urbis y Nozar, grandes empresas que cotizan en el IBEX como Abengoa, otras no menos notables como Afinsa, clubs de fútbol y hasta Intereconomía TV (que sumando el montante atribuido a la sociedad anónima de la que forma parte debe al fisco en torno a 8 millones de euros). Sumadas en conjunto, las diferentes deudas con Hacienda de los grandes defraudadores ascendían el año pasado a unos 15.400 millones de euros, aproximadamente el 60% del total. Un sólo dato para hacerse a la idea de lo que esto supone. Según una noticia publicada no hace mucho por El País, el Gobierno tiene previsto inyectar unos 15.000 millones para poder cubrir el pago de las pensiones en 2018, dinero que por supuesto obtendrá mediante un crédito avalado por Hacienda. Más leña al fuego de la deuda que acumulamos, que se mantiene próxima al 100% del PIB sin que logremos reducirla de manera apreciable (todo lo más esperemos que no vuelva a aumentar). Mientras tanto los grandes defraudadores, cuyo dinero ilícitamente retenido podría venirnos muy bien a todos, pueden esperar magnanimidad por parte del ministerio dirigido por el señor Montoro, que bien puede continuar extendiendo su más que discutible práctica de aplicar amnistías fiscales.   

Esta reveladora infografía muestra la evolución de la economía sumergida en España a lo largo de un periodo de diez años. La primera fase (2000 al 2007) estuvo presidida por la expansión económica y la euforia desatada al calor de la burbuja inmobiliaria y, en la mayoría de provincias, el índice se mantenía siempre por debajo del 25%. La segunda fase coincide con la llegada de la crisis (2008 hasta 2012) y en ella vemos la explosión de las actividades fraudulentas que, en algunas provincias, llegaban a suponer casi un tercio del total de la economía. Como vemos el fraude es más extensivo en las provincias menos desarrolladas del sur o el interior. La conclusión es clara, en tiempos de vacas flacas, o ante cualquier situación de dificultad, la tendencia a circunvalar la legalidad se vuelve más poderosa como forma de ganarse la vida de la manera que sea (Fuente: Expansión). 

       Así que habría que dejárselo muy claro a todos aquellos que, revolviéndose en sus sofás en una arrebato racista, se indignan porque una "panda de negros" que se dedica a eso del "top manta" ha quemado unos cuantos contendores en Lavapiés sólo porque a uno de ellos le dio un infarto en la calle. Envolverse en el oportunista manto del Orden y la Ley no vale en un país como España. Y no vale porque quien más y quien menos le dice al mecánico de coches de su barrio, o al fontanero chapucilla que conoce de toda la vida o a su primo pintor de brocha gorda, que no le haga la factura por el arreglo que le ha hecho, porque así nos ahorramos el IVA. Tampoco vale porque es práctica muy extendida que los pequeños empresarios, y los no tan pequeños, paguen parte del sueldo a sus trabajadores en discretos sobrecitos que contienen un dinero que nunca nadie declarará, cuando no proliferan aquellos que están trabajando sin contrato (en 2016 Inspección de Trabajo estimaba que había unos 80.000 trabajadores en esa situación en todo el país). Y por supuesto tampoco vale que clamemos contra la venta ambulante en la calle por ser algo ilícito, cuando nos hartamos a realizar descargas ilegales en Internet para bajarnos música, series o películas, o adquirimos artículos de procedencia más que dudosa si vemos que podemos ahorrarnos un dinero con ello. En España esta cultura de la economía sumergida está más que aceptada y todos nos vemos inmersos en ella en alguna que otra ocasión.

      Pero como se decía más arriba es mucho más fácil ensañarse con los más débiles y desprotegidos que arremeter contra todo un sistema económico que lleva ya largo tiempo enraizado entre nosotros. Combatir la economía sumergida, combatir también el fraude fiscal, es una tarea ardua que precisa de muchos recursos y de un nutrido cuerpo de funcionarios bien preparados y comprometidos con su trabajo. Pero vista la inmensa cantidad de dinero que podría salir a flote es un esfuerzo que bien merecería la pena. Sí, habría que hacer determinados esfuerzos, como exigir facturas para todo y aceptar el sobrecoste del IVA como ya hacemos en otras tantas ocasiones. Sin embargo y a pesar de eso saldríamos ganando en conjunto ya que habría más fondos disponibles en las arcas del Estado. Sólo entonces, combatidas con mayor eficiencia las formas más dañinas de fraude, podremos centrarnos cargados de razón en hacer frente a la venta ambulante e irregular.


   

Artículo escrito por: El Segador