La Historia prohibida de España. Quinta entrega: guerra sucia en Euskadi

La Historia de España está repleta de episodios oscuros de los que apenas sí hemos oído hablar. En esta serie de artículos trataremos de mostrar algunos de entre los muchos que tuvieron lugar a lo largo del último siglo.



Fotografía del entierro de Yolanda González, líder estudiantil vasca

asesinada por el Batallón Vasco Español el 1 de febrero de 1980

(Fuente: hikaateneo.org).

     Mayo de 1981, Roquetas de Mar (Almería). Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Manuel Cobo Mier, tres amigos oriundos de Cantabria, han acudido a pasar unos días a la turística localidad andaluza para celebrar la comunión de un familiar de uno de ellos. Su historia no hubiera tenido nada de particular de no ser por el hecho de que la Guardia Civil se cruzó en su camino. España vive una etapa convulsa, con la intentona golpista del 23F bien reciente y la ofensiva terrorista de ETA en uno de sus puntos más álgidos, con atentados y víctimas todas las semanas. No sabemos muy bien por qué, pero los efectivos de la benemérita confunden a los tres cántabros con miembros de la banda armada. Lo que sucede a continuación no parece propio de un Estado que se presupone democrático y de Derecho. Los detenidos son conducidos al cuartel más próximo, torturados para tratar de obtener confesiones y, una vez queda clara la magnitud de la confusión cometida, asesinados a tiros y sus cuerpos quemados más tarde y arrojados a una fosa en un intento de hacer desaparecer las pruebas del crimen (1).

Lo anteriormente relatado se enmarca en el oscuro contexto de la guerra sucia contra ETA y su inaceptables "daños colaterales", que en este caso alcanzó a personas inocentes que ni tan siquiera eran originarias de Euskadi. Normalmente esta guerra sucia la asociamos a organizaciones como los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), activos durante los primeros años de gobierno del socialista Felipe González, pero el caso es que todo esto va mucho más allá, aunque sea desconocido para muchos o haya sido deliberadamente ignorado.

       De hecho la violencia paramilitar, parapolicial y el terrorismo de extrema derecha relacionados con el conflicto vasco, han dejado un saldo de 485 víctimas mortales principalmente durante las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo (2). Casi la mitad de ellas nada tenían que ver con el entorno de la izquierda abertzale o cualquier militancia política similar, muchísimo menos con la violencia etarra. Tanto es así que algunas de estas víctimas, como los cántabros Mañas, Montero y Cobo, ni tan siquiera eran vascas. Este relato, silenciado a menudo por los principales medios de información españoles, nos da una perspectiva una tanto distinta del conflicto en Euskadi. Un relato que nos remite a lo que podríamos considerar las últimas reminiscencias de la Guerra Civil alcanzando casi el siglo XXI. Bandos enfrentados, fanatismo, violencia por ambas partes y un claro componente ultranacionalista, tanto desde el lado abertzale (el separatismo vasco) como del español.

El otro terrorismo que tenemos tendencia a olvidar

      Muy a menudo el discurso que se ha venido imponiendo acerca de los sucedido en Euskadi a lo largo de las últimas décadas nos habla de una violencia ejercida de forma unidireccional, como si la izquierda abertzale fuera la única responsable de todo. Se asume que en tiempos de la dictadura la represión sistemática, y las víctimas que ésta generó, sirvieron de acicate para potenciar la lucha armada de ETA. Pero del mismo modo se tiende a asumir de forma casi automática que durante la Transición y el periodo constitucional democrático posterior la guerra sucia contra el terrorismo fue un hecho esporádico que se atajó tan pronto como se pudo, casi un mero accidente. Sin embargo si indagamos un poco descubrimos que este tipo de violencia fue más extensiva de lo que muchos imaginan, contando además con la complicidad de los aparatos del Estado.

      De hecho sólo durante el periodo que va desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Constitución a finales de 1978, la violencia parapolicial y el terrorismo de extrema derecha dejaron un saldo de más de un centenar de asesinatos. Algunos de estos crímenes han quedado grabados en la memoria colectiva, como la Matanza de Atocha (24 de enero de 1977), cuando un grupo de pistoleros fascistas irrumpió a tiros en un despacho de abogados laboralistas militantes de CC.OO y el PCE, asesinando a cinco de ellos e hiriendo a otros cuatro. Otros atentados en cambio, tal vez por el hecho de que se enmarcaron dentro del conflicto vasco, están envueltos en un turbio velo de confusión. Hasta tal punto es así que ciertos asesinatos de aquellos años son reivindicados tanto por la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) como víctimas de ETA, como por el Gobierno Vasco como víctimas de la violencia política perpetrada por la extrema derecha. Un ejemplo lo tenemos en German Aguirre Irasuegui, natural de Vergara (Guipúzcoa), taxista muerto el 12 de octubre de 1975 cuyo asesinato no fue reivindicado por nadie (3). A día de hoy todavía no queda clara la autoría de dicho atentado y éste no es el único caso.

     Es posible que tal confusión a la hora de identificar a los autores de determinados crímenes se deba a la caterva de grupúsculos terroristas de extrema derecha y de carácter fascista que surgieron durante aquellos años. Los más activos durante el tardofranquismo, la Transición y los primeros años de democracia fueron el Batallón Vasco Español (BVE), la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista), Acción Nacional Española, los GAE (Grupos Armados Españoles), los Guerrilleros de Cristo Rey y los Comandos Antimarxistas, grupo este último dedicado principalmente a actos de violencia callejera (4). Éstos son sólo algunos de los crímenes cometidos por estas organizaciones en el contexto del conflicto vasco:

• Iñaki Etxabe Orobengoa. Propietario de un hostal en Elorrio (Vizcaya) y hermano del ex-dirigente de ETA Juan José Etxabe. Su negocio ya había sufrido varios ataques y el 5 de octubre de 1975 fue ametrallado en el interior del mismo por unos desconocidos. A día de hoy sigue sin estar clara la autoría del atentado.
• Sucesos del "Día de la Sardina" en Santurce (Vizcaya). El 9 de julio de 1976 unos pistoleros pertenecientes a los Guerrilleros de Cristo Rey irrumpen disfrazados en una manifestación en favor de la amnistía para los presos vascos y la disuelven a tiros. María Norma Menchaca Gonzalo se encuentra en las inmediaciones del lugar, totalmente ajena a la manifestación pues estaba celebrando la festividad del Día de la Sardina. A pesar de ello una bala perdida, fruto de los disparos indiscriminados efectuados por los terroristas, la alcanzó provocándole la muerte. Otras dos personas resultaron heridas de gravedad, pero no se identificó a ninguno de los atacantes, no se efectuaron detenciones y el caso fue rápidamente sobreseído.
• David Salvador Bernardo. Taxista asesinado el 7 de octubre de 1977 en Andoain (Guipúzcoa) por la Triple A, que lo acusó de ser "confidente y colaborador de ETA".
• Rosario Arregui Letamendi. Esposa del ex-dirigente de ETA Juan José Etxabe. Ambos son tiroteados en su coche el 2 de julio de 1978 en Saint Jean de Luz (País Vasco Francés), resultando muerta ella y gravemente herido él. El atentado fue reivindicado por la Triple A.
• José Miguel Beñarán Ordeñana. Fundador y dirigente de ETA. Asesinado mediante un coche-bomba el 21 de diciembre de 1978 en Anglet (Francia). El atentado se ha atribuido a Carlos Gastón, mercenario a sueldo del Batallón Vasco Español, vinculado asimismo con oficiales de la Armada española, que años más tarde pasaría a realizar acciones similares dentro de los GAL (5).
• José Ramón Ansa Echevarría. Secuestrado y asesinado por miembros de la Triple A y el Batallón Vasco Español el 6 de mayo de 1979. Su cuerpo fue hallado con un tiro en la frente en una cuneta de la carretera que va de Andoain a Urnieta. Se le había acusado de pertenecer a ETA, pero la familia siempre negó los hechos. Años más tarde dos conocidos miembros de la extrema derecha en Euskadi, Ignacio Iturbide y Ladislao Zabala, fueron condenados como autores del crimen.
• Tomás Alba Irazusta. Concejal independiente de Herri Batasuna en el ayuntamiento de San Sebastián. Asesinado el 28 de septiembre de 1979 en Astigarraga (Guipúzcoa). El atentado fue reivindicado por el Batallón Vasco Español, si bien inicialmente hubo una falsa reivindicación atribuida a ETA, puesto que el edil se había distanciado de la coalición abertzale por no condenar la violencia de la banda terrorista.
• Justo Elizarán Sarasola, alias "Periko". Antiguo miembro de ETA que vivía refugiado en Francia desde 1973. Muere el 5 de octubre de 1979 en un hospital de Bayona (País Vasco Francés). Tres semanas antes había sido ametrallado en Biarritz mientras viajaba en coche. El atentado fue reivindicado por Acción Nacional Española y los GAE.
• Ana Teresa Barrueta Álvarez. Una joven de 19 años, que trabajaba cuidando niños y enseñándoles euskera, y que fue brutalmente violada, torturada y asesinada en las proximidades de su caserío en Lejona (Vizcaya) el 9 de enero de 1980. El crimen causó una gran conmoción y manifestaciones de repulsa en Bilbao días más tarde. Inicialmente tratado como un caso ordinario de violencia sexual, posteriormente quedó demostrado que Ana Teresa había recibido amenazas por parte de la organización ultraderechista Fuerza Nueva por ser una "cerda marxista". A día de hoy su asesinato sigue sin esclarecerse.
• Atentado en la puerta del bar Aldama. El 20 de enero de 1980 un artefacto compuesto por 6 kilos de Goma 2 explotó a la entrada del citado establecimiento, ubicado en la localidad de Barakaldo (Vizcaya). El bar estaba regentado por un matrimonio de militantes del PNV. La explosión mató a cuatro personas (Liborio Arana Gómez, Pacífico Fika Zuloaga, María Paz Armiño y Manuel Santacoloma Velasco) e hirió a otras diez. El atentado fue reivindicado por los GAE en un intento de "acabar con cuatro miembros de la izquierda abertzale por cada policía, militar o guardia civil asesinado". Todo y que quedó claro que la bomba fue colocada con intención de provocar una masacre, no hubo detenciones y el caso fue sobreseído un año más tarde.
• Yolanda González Martín. Líder estudiantil vasca de 18 años militante del Partido Socialista de los Trabajadores, secuestrada y asesinada más tarde de dos disparos en la cabeza en un descampado en Madrid el 1 de febrero de 1980. El crimen fue reivindicado por el Batallón Vasco Español, que acusaba a Yolanda de pertenecer a ETA, cosa que quedó probada que no era cierta (pues a pesar de ser oriunda de Bilbao y militante de izquierdas, la joven nunca estuvo vinculada al entorno abertzale). Los autores materiales del asesinato, los extremistas Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad, fueron finalmente condenados a más de 30 años de cárcel.
• Atentado en el bar Hendayais (Hendaya, País Vasco Francés). El establecimiento era conocido por ser un lugar donde solían reunirse simpatizantes de ETA, aunque no exclusivamente. El 23 de noviembre de 1980 unos asaltantes ametrallan indiscriminadamente a las personas que se encuentran en su interior. Fallecen José Camio y Jean Pierre Aramendi, ambos sin vinculación política conocida, y resultan heridas otras diez personas. El atentado se atribuye al Batallón Vasco Español.
• Pablo Garayalde Jaureguizábal. Taxista secuestrado y asesinado por la Triple A el 2 de enero de 1982 en Berástegui (Guipúzcoa). Más tarde se supo que fue confundido con Alegría de Oria, otro taxista, presunto colaborador de ETA.

En la foto Joxean Zabala (izquierda) y Joxi Lasa (derecha), miembros de ETA asesinados en 1983. El crimen fue el

primero de los reivindicados por los GAL y ha pasado a ser el caso más conocido de guerra sucia contra la banda,

si bien ni de lejos el único.



A la sombra de los servicios de inteligencia
     
      A la luz de toda esta violencia surgida de entornos policiales, militares y de la extrema derecha y el ultranacionalismo español, hay que preguntarse hasta qué punto estuvieron implicados los órganos del Estado, en especial los altos responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Dicha vinculación nos lleva hasta las cloacas de dichos órganos, que acudían a los distintos grupos armados "cuando se los necesitaba" (6). Detrás de todo se encontraba el SECED (Servicio Central de Documentación), los servicios de inteligencia, de carácter exclusivamente militar, en los últimos años de la dictadura y durante la Transición. El SECED fue una continuación de la OCN (Organización Contrasubversiva Nacional), creada a finales de los 60 para combatir la creciente oposición, tanto pacífica como violenta, al régimen.

      Algunos de los operativos de los servicios de inteligencia militares fueron certeros trabajos en los que se recabó gran cantidad de información relativa a la organización interna de ETA y sus militantes. Entre ellas encontramos la exitosa Operación Lobo (inmortalizada para el cine en una película de 2004), en la que se consiguió introducir un topo que en 1975 ayudó a descabezar la cúpula de la banda. Sin embargo otras muchas acciones del SECED, que ya en 1977 pasó a llamarse CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), se enmarcan en la guerra sucia contra ETA y todo el entorno abertzale, así como también contra otras organizaciones izquierdistas consideradas "antisistema". De hecho muchos de estos grupúsculos terroristas (la Triple A, los GAE, el Batallón Vasco Español...) sólo eran simples siglas tras las cuales se escondían los servicios de la inteligencia militar española (7). Ciertos agentes especializados del SECED, y posteriormente del CESID, habrían sido los encargados de reclutar a mercenarios y pistoleros, financiar las operaciones de guerra sucia y ofrecer la cobertura necesaria para operar al margen de la ley con total impunidad.

     Desde esta perspectiva menos conocida los 27 asesinatos perpetrados por los GAL entre 1983 y 1987 se ven como una mera continuación de los turbios operativos llevados a cabo durante el tardofranquismo, la Transición y los años de gobierno de la UCD bajo el mandato de Adolfo Suárez. En todo este tiempo altos cargos del Ministerio del Interior tuvieron conocimiento, en mayor o menor medida, de esta prolongada guerra sucia contra ETA. En el caso de los GAL la diferencia estribaría en que los crímenes tuvieron lugar bajo el primer gobierno socialista, lo cual sería aprovechado más tarde por la Derecha para desgastar a sus rivales políticos en un descarado ejercicio de hipocresía.

La lógica de la guerra sucia se prolonga

      Con la disolución de los GAL termina una etapa en la lucha contra ETA que no se había diferenciado en ciertos aspectos a la practicada en tiempos de la dictadura; los operativos policiales y la represión se combinaban con el terrorismo de Estado y de extrema derecha. Pero los tiempos cambian y ciertas cosas ya no resultan admisibles, especialmente cuando Francia se muestra mucho más proclive a colaborar con el gobierno español y el territorio galo deja de ser un santuario para los miembros de la banda terrorista. A partir de ahora la lucha policial sería el único camino.

      Sin embargo los viejos hábitos tardan en desaparecer, sobre todo con unas fuerzas de seguridad heredadas de un régimen totalitario. Un ejemplo de ello son los sucesos en la hoz de Irunberri (Navarra) del 26 de junio de 1990 (2). En medio de un amplísimo despliegue de la Guardia Civil (con más de medio centenar de vehículos, lanchas, agentes de paisano...) son encontrados muertos los miembros de ETA Susana Arregui y Jon Lizarralde. La versión oficial dice que la primera fue asesinada por un tercer miembro de la banda, Germán Rubenach, que resultó gravemente herido durante el operativo y que siempre ha negado los hechos. Del segundo se dijo que pereció ahogado en el río Irati, pero quedó demostrado que, cuando el cadáver fue recuperado, tenía un disparo en la cabeza. A día de hoy estos hechos siguen sin estar del todo claros y dan para sospechar de la actuación de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

En la foto Juan Mari Torrealdai,

miembro de la Real Academia de la

Lengua Vasca y uno de los detenidos

por el "Caso Egunkaria". 

        Los hábitos heredados de la dictadura se extienden también a los numerosos casos de tortura habidos ya en democracia. Muchos de ellos han sido recogidos por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco (8) y muestran que los abusos y vejaciones fueron moneda relativamente común en las detenciones e interrogatorios a miembros de ETA, así como a otras muchas personas del entorno de la izquierda abertzale, hasta tiempos inquietantemente recientes. Sobra entrar en detalles, si bien cabe destacar que los tipos de tortura aplicados estaban pensados para que apenas sí dejaran huella en los cuerpos de las víctimas y así no quedara evidencia de la que pudieran dejar constancia los médicos forenses.

        De hecho la presión de los aparatos del Estado sobre cualquier persona o colectivo del entorno abertzale siguió manteniéndose como una forma revisada y más refinada de la guerra sucia de épocas pasadas, incluso cuando no existía relación real con ETA ni con ninguna de sus organizaciones satélite.

      Un claro ejemplo de esto último lo tenemos en el conocido como Caso Egunkaria, el cierre en febrero de 2003 del diario Euskaldunon Egunkaria (en ese momento el único periódico publicado íntegramente en euskera) por orden del juez Juan del Olmo. El auto consideraba que los miembros del consejo de administración del diario y otros colaboradores del mismo formaban parte integrante de ETA, al ser dicha publicación un elemento "del conglomerado empresarial de la organización terrorista" destinado a financiar sus actividades criminales. Entre los detenidos se encontraban Martxelo Otamendi (el primer director del diario, que además había trabajado en la televisión pública ETB), Juan Mari Torrealdai (actual miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca), Peio Zubiria (director además de la revista Argia), Inma Gomila (de la plataforma Egunkaria Sortzen) y Txema Auzmendi (jesuita y subdirector de Radio Popular de San Sebastián) entre otros. Fue Otamendi, el propio director del diario, quien al salir de la cárcel denunció las torturas sufridas por él y otros compañeros detenidos (9):

      El trato ha sido cruel y absolutamente inhumano. No hay derecho al trato recibido por Juan Mari Torrealdai, de 60 años, una eminencia de la cultura vasca. Me ha contado que ha recibido palizas tremendas, a Xabier Alegría le han practicado sesiones de "bolsa", a mí me lo han hecho dos veces (...). Es increíble que en el 2003 existan semejantes agujeros negros en instituciones como ésta y semejante impunidad para llevar a cabo tales prácticas.

     ¿Cómo se resolvió este caso al cabo de los años? ¿Quedó finalmente demostrada la vinculación de los detenidos a ETA? En abril de 2009 la Audiencia Nacional invalidó la mayoría de las diligencias relacionadas con la causa económica (la presunta financiación de la organización terrorista a través de Egunkaria) y, uno a uno, todos los argumentos expuestos por el juez del Olmo para iniciar el proceso fueron cayendo. Sólo la AVT se mantuvo firme en su acusación particular y cinco de los procesados, entre ellos Otamendi y Torrealdai, continuaron enfrentándose a juicio por su presunta pertenencia a ETA. Sin embargo el 12 de abril de 2010 todos ellos fueron definitivamente absueltos sin cargos. Los magistrados concluyeron en su sentencia que "la estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA, conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación" y que "Las acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA, lo que por sí determina la absolución con todos los pronunciamientos favorables" (10). El caso fue finalmente archivado y ni tan siquiera se prosiguieron las diligencias por irregularidades en la contabilidad y un supuesto fraude fiscal.

      ¿Qué nos demuestra esto? Básicamente que la estrategia de criminalizar todo lo vasco, independientemente de su relación o no con ETA y su entorno, ha sido una continuación, suavizada eso sí, de la guerra sucia y la represión practicadas en tiempos de la dictadura. Pero una cosa queda clara, combatir el terror con más terror no soluciona el conflicto, todo lo más lo enquista y perpetúa la cultura del odio y el clima de violencia del que algunos partidos han sabido sacar rédito político y electoral. Por fortuna parece que la vía de la normalización y la reconciliación se va imponiendo en Euskadi, dejando atrás años mucho más oscuros. Pero conviene no bajar la guardia y no olvidar lo sucedido en el pasado. Porque la mejor forma de no repetir los errores es recordar debidamente las lecciones que nos ofrece la Historia.

N.S.B.L.D

   

(1) Las "otras víctimas" del conflicto vasco (Público). 

(2) Euskal Memoria.
(3) Un taxista guipuzcoano hallado muerto en las proximidades de Vitoria (Hemeroteca ABC).
(4) Terrorismo tardofranquista (Wikipedia).
(5) Un militar declara cómo él y siete compañeros vengaron la muerte de Carrero Blanco (El Mundo).
(6) Sáenz de Santa María. El general que cambió de bando. Diego Carcedo (Editorial Temas de Hoy. 2004).
(7) La sombra de Franco en la Transición. Alfredo Grimaldos (Oberón Memoria. 2004).
(8) Informe: Víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política (Parlamento Vasco).
(9) "No podemos cruzarnos de brazos", dice el director de Egunkaria (El País).
(10) Sentencia íntrega de la Audiencia Nacional sobre el caso Egunkaria.
 

 

Otras entregas de esta serie:

 

La Historia prohibida de España. Primera entrega: las miserias de la Guerra de Marruecos.

La Historia prohibida de España. Segunda entrega: los religiosos represaliados por el franquismo. 

La Historia prohibida de España. Tercera entrega: la dictadura y el IBEX 35.

La Historia prohibida de España. Cuarta entrega: la ignorada epopeya de los refugiados de la Guerra Civil.