En el futuro las pensiones públicas tenderán aún más a la privatización. Este mensaje es propagado por el capital financiero a través de sus "expertos" y sus medios de comunicación. Con ello se pretende hacer pasar por un problema técnico lo que en realidad es una cuestión política e ideológica.
Se observa aquí un caso más de la progresiva privatización de los servicios públicos que constituye el objetivo central de la política neoliberal desde hace décadas. Se constata de nuevo la estructura de vasos comunicantes entre el ámbito político, empresarial y financiero, esa llamada por algunos casta que viene gobernando este país en beneficio de intereses privados.
Para impulsar ese desvío de fondos a favor de aseguradoras y entidades financieras, el capital financiero, a través de sus "expertos" y sus medios de comunicación, ha propagado la idea de que la privatización de las pensiones es irremediable, un necesidad impuesta por las circunstancias demográficas y económicas de la sociedad española. Se pretende hacer pasar por un problema técnico lo que en realidad es una cuestión política e ideológica: ¿cómo distribuir entre los ciudadanos los recursos disponibles en nuestra economía? En última instancia se trata de esto y así lo entendería la opinión pública si en el debate mediático se diera voz a economistas que defienden soluciones distintas, como el grupo de economía crítica Seminari Taifa, dirigido por Miren Etxezarreta, Catedrática Emérita de Economía Aplicada, cuyas investigaciones concluyen que con "voluntad política la crisis de las pensiones puede resolverse sin disminuirlas".
Es cierto que nuestro país y otros de su entorno atraviesan una coyuntura macro complicada. El descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida son factores de presión sobre la sostenibilidad de las pensiones basadas en un modelo de reparto. Esto son hechos, como suele decirse. Pero el problema que estos hechos generan tiene más de una solución y las diferencias entre estas dependen principalmente del modelo de sociedad que se pretenda construir, es decir, de la visión política que se sostenga. Como argumentan numerosos epistemólogos, los hechos y los problemas propios de las ciencias sociales nunca son completamente neutrales porque sus soluciones se proponen desde marcos ideológicos o sistemas de valores ético-políticos.
De ahí que la voluntad de la ciudadanía, su derecho a decidir, en cuestiones como esta y otras tantas, debería formar parte del proceso de toma de decisiones. En una democracia madura, si se emprenden reformas que afectan directa o indirectamente a la totalidad de la población, no bastan la opinión de los "expertos" ni votar cada cuatro años. De hecho estos procedimientos se alejan del ideal democrático, que exige una presencia cada vez mayor de mecanismos de participación directa.
De ahí que la voluntad de la ciudadanía, su derecho a decidir, en cuestiones como esta y otras tantas, debería formar parte del proceso de toma de decisiones. En una democracia madura, si se emprenden reformas que afectan directa o indirectamente a la totalidad de la población, no bastan la opinión de los "expertos" ni votar cada cuatro años. De hecho estos procedimientos se alejan del ideal democrático, que exige una presencia cada vez mayor de mecanismos de participación directa.
Sostenibilidad de las pensiones públicas
En España y otros países europeos el sistema de reparto permite dotar de ingresos a los mayores, financiándolos con las cotizaciones de los trabajadores. El valor ético que subyace a este modelo es el de la solidaridad intergeneracional, un concepto con el que se identifican buena parte de los españoles. Sin embargo, esta solidaridad no compromete al conjunto entero de la sociedad española, sino sólo a las rentas del trabajo, que son las que cotizan a la seguridad social. Por el contrario, las rentas del capital disponen del beneplácito fiscal para no participar en el sostenimiento público de las pensiones. Ante la posibilidad de que la crisis de las pensiones se afronte comprometiendo los intereses del capital y de las grandes fortunas estas apuestan por convencernos de la idoneidad de la solución privada, en la que cada cual se paga y preocupa de su propia pensión.
Financiar la vida material de los mayores únicamente con ingresos procedentes de trabajadores se complica aún más en una economía globalizada basada en la competitividad. Las grandes empresas son reticentes a colaborar más en cuestiones de responsabilidad social porque la competencia global, afirman, les deja estrechos márgenes de maniobra.
Si las pensiones se sostienen sólo con las cotizaciones de los trabajadores, encontramos serias dificultades en los factores demográficos ya expuestos y en el aumento de la población pasiva frente a la activa como consecuencia del desempleo. Asimismo no olvidemos la significativa disminución de las cotizaciones por la caída de los salarios y por la sustitución del trabajo fijo a tiempo completo por contratos temporales a tiempo parcial.
Sin embargo, si bien el sistema de reparto podría necesitar reformas o incluso ser combinado con otros medios de financiación, esto no implica necesariamente, como se quiere hacer creer, la insostenibilidad en sí del modelo de pensiones públicas. Ni muchos menos consiste en un problema estrictamente técnico, cuando son los que menos tienen los que sostienen el modelo.
En lugar de realizar un estudio de viabilidad y preguntar a los ciudadanos si quieren que las pensiones públicas sean financiadas con la colaboración de las rentas del capital y otros mecanismos tras un debate público serio y completo, los medios de comunicación mayoritarios, con su información tendenciosa, y los gobiernos, con los incentivos fiscales a los planes privados, tratan a los ciudadanos según la lógica del marquéting comercial y el engaño político, olvidando su compromiso con principios democráticos.
El fomento sin mayor debate de los planes privados supone transformar al sujeto de derecho en un cliente, una variable comercial. Se le induce a contratar un servicio privado que a largo plazo no es tan rentable como se le dice, y que beneficia suculentamente a entidades financieras y aseguradoras. La mayoría de usuarios del modelo privado desconocen aspectos económicos que afectan significativamente a la rentabilidad de su plan, tales como la evolución de la inflación a largo plazo y su su incidencia sobre el ahorro. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se advierte de la ignorancia sobre la pérdida de rentabilidad del plan ligada a los costes fiscales del rescate. Y no olvidemos el coste de oportunidad, la principal desventaja de los planes privados. Por este concepto se entiende la pérdida derivada de invertir su capital en un plan de pensiones y perder con ello la oportunidad de una inversión más rentable. De hecho se estima que la rentabilidad de un plan medio es significativamente inferior a la derivada de la compra y posterior alquiler de una plaza de garaje en una ciudad media tipo Valencia o Sevilla.
Asimismo, en el sistema privado el depositante debe confiar en que la entidad financiera beneficiaria de sus ahorros sea solvente y esté gestionada pensando en los intereses de los depositantes, algo que no debería asumirse ciegamente, sobre todo tras los casos de estafas a gran escala como Lehman Brothers o Bankia en España. Además, el modelo de rescate financiero de Chipre abrió la puerta a que en Europa las futuras quiebras bancarias sean cubiertas con los depósitos de los clientes, motivo que desaconseja la inversión en planes de pensiones privados, si la supervisión financiera a cargo de organismos oficiales no se impulsa como poder plenamente independiente o si las directrices actuales de transparencia y claridad en la información no varían sustancialmente.
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| Pensionistas manifestándose durante el corralito en Argentina |
Si las pensiones se sostienen sólo con las cotizaciones de los trabajadores, encontramos serias dificultades en los factores demográficos ya expuestos y en el aumento de la población pasiva frente a la activa como consecuencia del desempleo. Asimismo no olvidemos la significativa disminución de las cotizaciones por la caída de los salarios y por la sustitución del trabajo fijo a tiempo completo por contratos temporales a tiempo parcial.
Sin embargo, si bien el sistema de reparto podría necesitar reformas o incluso ser combinado con otros medios de financiación, esto no implica necesariamente, como se quiere hacer creer, la insostenibilidad en sí del modelo de pensiones públicas. Ni muchos menos consiste en un problema estrictamente técnico, cuando son los que menos tienen los que sostienen el modelo.
En lugar de realizar un estudio de viabilidad y preguntar a los ciudadanos si quieren que las pensiones públicas sean financiadas con la colaboración de las rentas del capital y otros mecanismos tras un debate público serio y completo, los medios de comunicación mayoritarios, con su información tendenciosa, y los gobiernos, con los incentivos fiscales a los planes privados, tratan a los ciudadanos según la lógica del marquéting comercial y el engaño político, olvidando su compromiso con principios democráticos.
Rentabilidad de los planes privados de pensiones
El fomento sin mayor debate de los planes privados supone transformar al sujeto de derecho en un cliente, una variable comercial. Se le induce a contratar un servicio privado que a largo plazo no es tan rentable como se le dice, y que beneficia suculentamente a entidades financieras y aseguradoras. La mayoría de usuarios del modelo privado desconocen aspectos económicos que afectan significativamente a la rentabilidad de su plan, tales como la evolución de la inflación a largo plazo y su su incidencia sobre el ahorro. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se advierte de la ignorancia sobre la pérdida de rentabilidad del plan ligada a los costes fiscales del rescate. Y no olvidemos el coste de oportunidad, la principal desventaja de los planes privados. Por este concepto se entiende la pérdida derivada de invertir su capital en un plan de pensiones y perder con ello la oportunidad de una inversión más rentable. De hecho se estima que la rentabilidad de un plan medio es significativamente inferior a la derivada de la compra y posterior alquiler de una plaza de garaje en una ciudad media tipo Valencia o Sevilla.
Asimismo, en el sistema privado el depositante debe confiar en que la entidad financiera beneficiaria de sus ahorros sea solvente y esté gestionada pensando en los intereses de los depositantes, algo que no debería asumirse ciegamente, sobre todo tras los casos de estafas a gran escala como Lehman Brothers o Bankia en España. Además, el modelo de rescate financiero de Chipre abrió la puerta a que en Europa las futuras quiebras bancarias sean cubiertas con los depósitos de los clientes, motivo que desaconseja la inversión en planes de pensiones privados, si la supervisión financiera a cargo de organismos oficiales no se impulsa como poder plenamente independiente o si las directrices actuales de transparencia y claridad en la información no varían sustancialmente.
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| Los criterios para el reparto de la riqueza son cruciales en el problema de las pensiones |
El incremento de la productividad y las pensiones: reparto de la riqueza social
Se puede objetar que la financiación de las pensiones vía impuestos tiene problemas similares a los del sistema de reparto, ya que el desempleo y el decrecimiento disminuyen los ingresos del Estado. Pero algunos economistas afirman que el asunto no radica en la cantidad de trabajadores activos cotizando, sino en cómo se reparten los beneficios derivados del aumento de la productividad, recordando que las rentas del capital escapan mayoritariamente al compromiso social y ético de sostener a los mayores.
Es decir, el número de trabajadores importa significativamente menos que la riqueza que producen. El capitalismo es un modelo que incrementa enormemente la productividad por la vía de la incorporación de las innovaciones tecnológicas al proceso de producción. Con ello se consigue que menos trabajadores produzcan más a un coste menor, de modo que el margen de beneficio crece para los accionistas. El problema radica en que las ganancias derivadas de ese dividendo de la productividad van a parar a pocas manos privadas. Y así, mientras las propuestas neoliberales presentan a la opinión pública la cuestión de las pensiones como un problema técnico vinculado a factores demográficos y al número de trabajadores en activo, desde otras posturas se entiende que el problema de fondo es cómo se reparte una riqueza que es social por cuanto es generada con el concurso de todos.
De hecho un porcentaje del dividendo de la productividad debería reinvertirse en la mejora de las condiciones sociales por una cuestión de responsabilidad moral: parte de ese incremento de los beneficios ha sido logrado empeorando accidental y colateralmente las condiciones de vida de algunas personas, cada vez más, aumentando la tasa social de dependencia. La racionalización del proceso productivo y la introducción de mejoras tecnológicas ha significado de facto la sustitución del trabajo humano por máquinas, programas informáticos y otras medidas de "eficiencia". Las consecuencias sociales de esto son conocidas: aumento del desempleo, reducción de las jornadas o incremento de la temporalidad y en general disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. Por ello, las empresas deberían implicarse más en subsanar algunos de los problemas sociales derivados de la lógica capitalista que sacraliza el incremento del beneficio como el principal y único valor
De hecho un porcentaje del dividendo de la productividad debería reinvertirse en la mejora de las condiciones sociales por una cuestión de responsabilidad moral: parte de ese incremento de los beneficios ha sido logrado empeorando accidental y colateralmente las condiciones de vida de algunas personas, cada vez más, aumentando la tasa social de dependencia. La racionalización del proceso productivo y la introducción de mejoras tecnológicas ha significado de facto la sustitución del trabajo humano por máquinas, programas informáticos y otras medidas de "eficiencia". Las consecuencias sociales de esto son conocidas: aumento del desempleo, reducción de las jornadas o incremento de la temporalidad y en general disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. Por ello, las empresas deberían implicarse más en subsanar algunos de los problemas sociales derivados de la lógica capitalista que sacraliza el incremento del beneficio como el principal y único valor
Dado que no hay problemas socio-económicos que sean estrictamente técnicos, sino que siempre se hayan implicados valores éticos y modelos ideológicos, se echa de menos que en el debate público de máxima audiencia se silencien sistemáticamente ciertas posturas. En una democracia digna, como se desprende de la teoría política de Habermas y otros, la información de la opinión pública debería reflejar todos los argumentos de los distintos especialistas en condiciones equitativas de expresión para que los afectados, una vez informados, pudieran tomar las decisiones que estimen oportunas en función de sus valores, intereses y visiones del mundo. Pues en gestión social son pocas las decisiones estrictamente técnicas
Samuel R
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