Inestabilidad geopolítica en el Mediterráneo II: Turquía.

Las medidas de austeridad impulsadas por el FMI en Turquía han empobrecido a una población que ahora se manifiesta en el Taksim Gezi Park.

La tesis que avanzamos en el primer artículo afirmaba que los acontecimientos socio-políticos que están teniendo lugar en países como Túnez, Libia, Egipto, Siria o Turquía guardan relación con las reformas económicas neoliberales aplicadas por instancias financiero-políticas internacionales en las últimas décadas. Estas medidas han resultado en un aumento de la desigualdad económica, la concentración de la riqueza en pocas manos y el empobrecimiento de la población. Estos mismos efectos son los que ya pueden apreciarse en los países del Mediterráneo ubicados en el sur de Europa, donde se han implementado en los últimos años reformas similares, presentadas a la opinión pública como inevitables y necesarias para impulsar el crecimiento que deje atrás la crisis.

Este artículo se centra en el caso de Turquía y aporta algunos datos que apoyan esta tesis. En el año 2002 el partido Justicia y Desarrollo accede al poder, liderado por Erdogan, presidente actual de Turquía. En un contexto de recesión y a cambio de financiación urgente, el gobierno turco establece con el FMI un programa de reformas que requieren modificaciones sustanciales de la legislación laboral, saneamiento de las cuentas del Estado y revisión de la financiación pública de los derechos sociales.

Como puede apreciarse, el modelo es semejante al aplicado a los PIGS y a otros países que han entablado acuerdos financieros con el Fondo, de hecho, como ya se ha afirmado en otro en otro artículo publicado en este blog, las medidas que propone esta institución financiera responden a un protocolo uniforme de acción.

En el año 2003 se pone en marcha la privatización de Turk Telekom, seguida de la venta en 2004 de Aerolíneas Turcas, compañías de licor y fábricas de acero  así como, de la privatización en 2007 de Tekel, la compañía pública de tabacos. En 2008 se suman a la lista dos empresas de distribución eléctrica y el banco estatal Halbank. Como podrá suponerse, estas ventas de recursos públicos van encaminadas a sanear el déficit estatal y afrontar el pago de la deuda externa, además son implementadas en un clima de urgencia y sin consulta democrática alguna. Su resultado final es evidente: lo público pasa a manos privadas a precio de saldo mediante una transacción opaca para los auténticos propietarios de esos recursos: los contribuyentes. Con ello, no sólo se pierden activos económicos, sino que se desvanece también en la opinión pública la sensación de formar parte de un país democrático, creciendo el recelo y la animadversión hacia la clase política nacional y la desconfianza por el sistema representativo.

Pero estas sensaciones se agravan cuando en 2009 el gobierno abre la puerta a la privatización de recursos hídricos y propone cambios significativos en los derechos laborales. Las empresas privadas, que hasta entonces sólo controlaban la distribución del agua de ríos, lagos y estanques, podrán ahora gestionar directamente las fuentes de abastecimiento de este producto vital. Asimismo, en febrero de 2011, acontecida ya la revuelta contra Mubarak en Egipto, decenas de miles de personas se manifiestan en Ankara para rechazar una reforma laboral que endurece las condiciones laborales de los jóvenes y de los sectores más vulnerables.

Las reformas exigidas por el FMI para asegurar el reembolso de la deuda tienen un notable poder desestabilizador socio-político: aumenta la pobreza y se agrava la deslegitimación del sistema político vigente, ingredientes fundamentales para el avance del populismo antidemocrático. Grecia, España, Italia, Chipre, Turquía, Siria, Egipto... La cuestión se magnifica al considerar que este panorama caracteriza actualmente a un buen número de países ubicados en una misma zona de suma importancia geoestratégica, países entre los que existen tensiones con recorrido al alza: oposición cultural Cristianismo-Islam, conflictividad económica, desencuentros ideológicos, barreras xenófobas norte-sur, movimientos migratorios, antiguas rivalidades entre países colindantes y bastante militarizados como Grecia y Turquía etc. Recordando los programas del FMI aplicados en el pasado en zonas con tensiones étnico-religiosas, como es el caso de la antigua Yugoslavia,  puede afirmarse que no son banales los peligros potenciales de una cuenca mediterránea empobrecida y políticamente inestable. 

                                                                             

Samuel Rat

Sobre este tema:

La represión contra las manifestaciones anti-FMI en Turquía.