A raíz de los sucesos acaecidos recientemente en el Barrio de Gràcia (Barcelona), los medios ultraconservadores y neoliberales han dado una nueva vuelta de tuerca en su campaña contra los colectivos sociales de ideología libertaria. La nueva consigna es hablar de "mafias de okupas" con el objeto de criminalizarlos todavía más.
Lo que cuando era yo más joven se conocía genéricamente como Movimiento "Okupa", no es más que una heterogénea constelación de colectivos, asociaciones y organizaciones de base, por regla general poco o nada cohesionados entre sí, a los que suele unir su ideología libertaria, que rechaza abiertamente el actual sistema político y económico y que, por lo tanto, busca espacios donde poder articular su modelo social alternativo basado en la solidaridad y la autogestión. Estos colectivos llevan décadas de lucha, que más bien lo ha sido por su supervivencia, en un entorno abiertamente hostil, pues este país vivió una imperfecta transición desde un régimen totalitario de carácter fascista a una democracia tutelada por esos mismos poderes que sustentaron la dictadura. Cualquier cosa que oliera mínimamente a libertario o a un izquierdismo excesivamente "radical" (según los estándares de lo considerado como políticamente correcto en las instancias oficiales), era automáticamente reprimida y criminalizada. Por mucho que nos lo quieran vender estos colectivos no suelen ser violentos en la inmensa mayoría de casos, todo y que pueda haber elementos del mismo corte ideológico que desde luego sí lo son, porque lo que buscan es principalmente ofrecer un servicio a las barriadas en las que se asientan. Naturalmente no todo el mundo en el vecindario ha de estar de acuerdo con su presencia y habrá incluso quien se sienta molesto, del mismo modo que lo habría si en el mismo lugar se erigiera un gran centro comercial o una discoteca (por los ruidos, el tráfico, el trasiego de gran cantidad de gente...). Pero nuevamente eso es algo muy distinto a criminalizar automáticamente a un grupo de personas como si realmente supusieran una amenaza para la sociedad. Una vez más hemos de recordar que en el centro de toda la controversia siempre ha estado la forma de actuar de estos colectivos, que se han dedicado a "okupar" y rehabilitar locales y edificios abandonados, y muchas veces en un estado casi ruinoso, como forma de protestar contra la especulación urbanística. Y tampoco debemos olvidar que todos esos espacios se encontraban en semejante estado de abandono desde hacía años porque sus legítimos propietarios así lo querían pensando únicamente en su propio interés económico. De esta manera un espacio muerto objeto de especulación pasa a estar vivo y a cumplir una función social y reivindicativa.
Todos estos despropósitos, sumados al hecho de que haya tanta gente desamparada, han generado un nuevo fenómeno. Éste no ha sido otro que el surgimiento de una nueva cultura de la ocupación. Organizaciones como la PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) y otros colectivos han defendido, justificado e incluso participado en la ocupación de viviendas vacías por parte de familias desahuciadas que, sin recursos de ningún tipo, de otra manera se hubieran visto en la calle. No se trata desde luego de un fenómeno nuevo. Desde siempre los más desfavorecidos han optado por ocupar edificios deshabitados porque sencillamente no tenían otro remedio si no querían dormir a la intemperie, era algo asociado a la marginalidad y la pobreza y, de esta manera, las viviendas pasaban a convertirse en infraviviendas carentes muchas veces de los servicios más básicos, porque quienes las ocupaban no podían pagarlos y se las apañaban como podían. En este ambiente degradado la delincuencia, entendida como una forma de sobrevivir al margen de la sociedad, es algo coyuntural. Contrabando de artículos robados, drogas, prostitución, etc. Sin embargo, a diferencia de esta otra forma de ocupación digamos que "tradicional", la surgida al calor de la crisis y que implica mayormente a familias desahuciadas surge de la acción reivindicativa organizada. Lo que se está denunciando es que nos encontramos en un país con millones de pisos vacíos propiedad de bancos, inmobiliarias y fondos de inversión, mientras decenas de miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna (que no olvidemos que es un derecho constitucional).
De esta manera nos encontramos con tres realidades que, de entrada, son por completo independientes y nada tienen que ver la una con la otra. La primera es la de los colectivos libertarios, que ocupan y rehabilitan espacios como forma de protesta y para poner en marcha sus proyectos sociales y culturales alternativos. La segunda es la de las asociaciones de ciudadanos afectados por la crisis y que, adquiriendo conciencia de la situación, se han organizado para ocupar viviendas vacías y así ofrecerlas a familias que se han quedado sin hogar, también un acto de protesta que pretende mostrar que otra forma de hacer las cosas es posible. La tercera es la realidad de los barrios más degradados de la periferia de las grandes ciudades (y también de las no tan grandes), allí donde habitan o van a parar los desposeídos (minorías marginadas, inmigrantes sin papeles, toxicómanos...), un vertedero de seres humanos del que nadie quiere ocuparse. La primera de las formas de ocupación nace de la acción política y no responde a ninguna necesidad material concreta de sus promotores. La segunda sí surge de la necesidad, pero se fundamenta en la solidaridad para con los que se encuentran en una situación marcadamente vulnerable, tornándose en el proceso también en un compromiso de índole social y político. La tercera nace sencillamente de la miseria y la desesperación y está marcada por el individualismo, lo que un grupo de gente hace, cada uno por su cuenta, para salir del paso sin importarle el perjuicio que cause a su alrededor. Ni que decir tiene que las dos primeras realidades han terminado encontrándose por razones obvias, mientras la última sigue y seguirá su propio curso.
Y así, aprovechando sucesos como el de la apropiación de viviendas por parte de bandas de delincuentes, surge una nueva etiqueta peyorativa y criminalizadora, la de las "mafias de okupas". La Derecha política y los grupos de poder (económicos y mediáticos) vinculados a ella pretenden imponer el nuevo término, mezclando por enésima vez churras con merinas. Otra vuelta de tuerca en la ya larga campaña de persecución y represión contra las formas políticas y reivindicativas de ocupación. Ejemplo de ello es la iniciativa lanzada por la nueva delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid Concepción Dancausa, alumna aventajada de su predecesora en el cargo Cristina Cifuentes, que ha decidido crear la figura del llamado comisario "antiokupa". Dancausa es hija de un falangista en su día bien integrado en las estructuras del régimen franquista y que aprovechó sus contactos para introducir a ésta en el Cuerpo del Organismo Autónomo de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, kilométrica denominación que escondía tras de sí a la entidad heredera de los Sindicatos Verticales de la dictadura, a donde iban a parar frecuentemente los familiares y amigos de quienes formaron parte de los mismos. Desde esta plataforma Dancausa se catapultó hasta el PP madrileño, ocupando distintos cargos a los largo de los años, pero conociendo sus orígenes es fácil entender que de casta le viene al galgo. No es de esperar que alguien así vea con buenos ojos el pensamiento libertario o la acción organizada de ciudadanos corrientes que han decidido alzarse contra situaciones injustas.
¿A qué se dedica esta figura policial especializada del comisario "antiokupa"? El nombre lo dice todo. Se persigue la ocupación metiéndolo todo en el mismo saco, básicamente un problema que hay que erradicar por la vía exclusivamente represiva. Se pretende dar una imagen de servicio a la ciudadanía ofreciendo un teléfono para que denunciantes anónimos informen sobre casos de ocupación de viviendas y locales, pero no parece que el objetivo prioritario sea atajar la apropiación de pisos abandonados (o sin abandonar) en las barriadas más conflictivas y miserables, donde los promotores inmobiliarios y de los bancos no tienen demasiado interés en introducirse. El nuevo comisario es más bien una figura creada para la persecución política de los colectivos que defienden la ocupación con fines sociales, hablando para ello acerca de "mafias" que no se sabe muy bien qué son exactamente. Incluso la propia división del fenómeno "okupa" por parte de esta brigada policial resulta peculiar, cuando no decir que está impregnada de un tufillo de odio ideológico. Se establece que existen "okupas sociales", los "étnicos", los "extranjeros" y para finalizar los "antisistema y 15M" ¿Cómo? ¿Qué diablos es un "okupa étnico" y en qué se diferencia de uno "extranjero"? Se meten en el mismo grupo a los "antisistema" y al Movimiento del 15M, ¿son la misma cosa o se pretende que lo sea? ¿Y a los neonazis del Hogar Social Madrid en qué grupo los metemos? O no, a esos no se los incluye aquí, porque son unos buenos chicos muy patriotas que se ocupan de ayudar a los "buenos españoles" y, ya de paso, les permitimos que desfilen por Madrid realizando saludos hitlerianos y proclamando abiertamente y sin impedimentos su odio. De esta manera vemos como centros sociales históricos de Madrid, como La Dragona, Atalaya o La Morada, se encuentran ahora en el punto de mira de la delegada Dancuasa y sus subalternos. Una vez más los medios serviles al poder crean un conflicto donde no lo hay, desvían la atención acerca de los problemas sociales reales y criminalizan determinadas opciones políticas. Nada nuevo bajo el sol, pero quienes llevan años en la lucha ya saben a qué atenerse.
Juan Nadie
Para saber más:
(Dan)causa general contra la okupación (Diagonal).
Banc expropiat (blog).
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