La sociedad monetarizada: la economía como herramienta política.

Una sociedad monetaria simplifica el ejercicio de la política a través de la economía.

A lo largo de la historia los intercambios en la economía no siempre se han realizado a través del dinero. El trueque, el pago en especies, el uso de cabezas de ganado o semillas de trigo y otros medios de pago no monetarios están ampliamente documentados en los manuales de historia económica. El uso del dinero como medio de cambio universal y exclusivo, casi relegando a la inexistencia otras formas de pago, impulsó y agilizó el comercio y monetarizó la gestión política de la sociedad, simplificando la labor de gobernar el complejo tejido social.

Desde la consolidación de la sociedad monetarizada, política y economía se han unido hasta el punto de ser casi indistinguibles. Hoy en día es evidente que la política se realiza a través de la economía y esto ha sido posible gracias al uso generalizado del dinero. Frente a otros medios de pago no monetarios, la moneda tiene la ventaja de permitir la asignación de un precio relativamente objetivo y estable a los bienes y servicios. Con ello los Estados optimizaron desde muy pronto el cobro de tributos y la cartografía del fraude fiscal, mejorando sustancialmente la gestión y el control de los recursos ubicados bajo su área de influencia política.

Asimismo, dado la moneda debe ser creada, acuñada, avalada y puesta en circulación por una instancia oficial, e históricamente esta función ha sido prerrogativa de la autoridad política, todas las relaciones sociales y comerciales que requieran el uso del dinero, la inmensa mayoría en una sociedad monetarizada, han dependido económica y políticamente del papel de proveedor de origen atribuido al Estado.

La sociedad monetarizada ha sido un gran invento para la eficiencia del poder político. De hecho el mantenimiento de una soberanía plena sobre un determinado territorio político-económico ha estado históricamente ligado al control monetario y militar. Por esto mismo, cuando un estado pierde o cede su autoridad monetaria a un tercero, como ha sucedido en la construcción de la unión monetaria europea, pierde la posición de soberano absoluto sobre su territorio y pasa a depender de la política económica de un tercero.

Otro ejemplo del uso político de la moneda lo encontramos en el recurso a variables económicas para regular las poblaciones. La economía monetaria  permitió afrontar con mayor competencia una de las cuestiones políticas fundamentales: el control demográfico. Los desajustes demográficos, por exceso o por defecto, son de las situaciones más complicadas para la gestión política, pues afectan directamente a los recursos humanos. 

En el pasado, estos desajustes dieron lugar a guerras civiles o interestatales, conflictos que resultaban especialmente frecuentes en las sociedades no homogeneizadas monetariamente o con un control monetaria defectuoso. En estas, el el ejercicio efectivo del poder político, la imposición de los objetivos de los grupos en contienda, terminaba por requerir el recurso a la respuesta militar, a falta de estrategias más sutiles y asépticas generalmente de tipo económico-financiero. 

Aunque la sociedad monetarizada no ha resuelto el problema del recurso a la violencia por parte de la autoridad política, sí que ha permitido atender la cuestión demográfica con mayor discreción. Dado que la autoridad político-monetaria tiene un gran control sobre la economía, por ser la proveedora de dinero y por influir en los precios de los bienes y servicios a través de herramientas como la política fiscal o el control de la masa monetaria entre otras, el acceso de los ciudadanos a los bienes que facilitan su bienestar, salud o longevidad potenciales, depende también de la política económica-monetaria del gobierno. 

Así la sociedad monetarizada y el juego de precios-salarios facilita la gestión de poblaciones mediante medidas monetarias de restricción o expansión del acceso a los recursos necesarios para el mantenimiento de la vida y su calidad.

Como sostenemos en otro artículo, las políticas actuales, inspiradas en el principio de la austeridad presupuestaria en los servicios públicos sociales, podrían entenderse desde este punto de vista como políticas de control de una población excesiva, teniendo en cuenta la menor necesidad del factor trabajo por el aumento de la productividad debido a las nuevas tecnologías. Los recortes en pensiones, en el acceso a los medicamentos, el copago, las listas de espera, la precarización de la sanidad y la educación públicas, la retirada de la ayuda a la dependencia... adquieren una coherencia macabra en el marco general de una biopolítica restrictiva.

Samuel R.

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