La supresión del salario mínimo es una de las medidas incluidas en el recetario neoliberal para construir el nuevo orden económico que resulte de la crisis sistémica.
El autor,
Juan Ramón Rallo, descalifica de intervencionista al gobierno de Rajoy por su
reciente decisión de congelar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), al que
considera “un mandato estatal que
ilegaliza trabajar por debajo de un determinado sueldo”, un “canon oficial de decencia salarial”. En
los supuestos de fondo que cimentan este discurso encontramos los clásicos
tópicos del pensamiento liberal: el mercado debe autorregularse, la
intervención estatal es indeseable porque provoca disfunciones en el
comportamiento del mercado, el mercado distribuye por sí mismo la riqueza
generando una situación de pleno empleo…
No vamos a
detenernos en la crítica a estos hipotéticos principios que los liberales
asumen como dogmas. Hoy por hoy cualquier ciudadano de a pie sabe de la
falsedad de estas tesis, de los intereses que esconden y protegen, y parece que
sólo las defienden los economistas formados en el credo del liberalismo, tan
extendido por la mayoría de universidades occidentales para el agrado de los
poderes financieros.
Lo que nos
interesa de la opinión de Ramón Rallo es el diagnóstico macroeconómico que
supone para el corto-medio plazo. Como podrán imaginarse no es nada alentador,
coincide con las previsiones de los organismos internacionales de referencia en
materia económica y difiere del optimismo de marketing que el gobierno trata en
vano de transmitir a la ciudadanía.
El panorama
es el mismo que hemos defendido en otros artículos: la economía española, y en
general la europea, entra en un nuevo periodo histórico de estancamiento de
duración indefinida, con tasas de crecimiento muy bajas (entre el 0 y el 2 %)
alternadas con periodos de decrecimiento. El pastel será menor y menores serán
las porciones a repartir. Ante esta situación inminente el discurso neoliberal
trata de convencer a las masas de que sus recetas son las únicas viables, inevitables y necesarias.
Aquí es
donde entra la propaganda del artículo de Rallo a favor de suprimir el SMI.
Según sus argumentos, el SMI es injusto e inadecuado porque impide que un
trabajador pueda ser contratado por un salario inferior al que marca la ley.
Partiendo de esta premisa, Rallo sostiene que la supresión del SMI mejoraría
las cifras de desempleo en España. En su exposición no se alude a otras
soluciones menos drásticas y más respetuosas con los derechos sociales porque
se persigue un mensaje claro y contundente: “la alternativa real a corto plazo no son salarios mayores, sino el
desempleo” (texto que El Economista resalta en negrita)
De acuerdo
con los cálculos de Rallo, para que un empresario pague a un trabajador los 645
euros del SMI, debe afrontar un coste laboral mínimo de 1.200 euros mensuales,
que incluye además del salario mensual, las vacaciones, la contribución a la
Seguridad Social y otros costes como la indemnización por despido.
La
conclusión es que contratar a un trabajador cuesta como mínimo 1.200 euros,
conclusión tendenciosa por cuanto olvida la situación de numerosos asalariados,
y trabajadores por cuenta propia, que en la economía real trabajan por un coste
laboral muy inferior al señalado y perciben un salario muy por debajo del
establecido por ley. Pero esto no importa porque donde quiere llegar el señor
Rallo y el periódico que difunde su opinión es a que “la legislación de salarios mínimos incrementa el desempleo y reduce los
ingresos de los trabajadores menos cualificados”.
Así pues, la
recomendación para reducir el ingente desempleo de este país consiste en
suprimir el SMI para permitir que empresarios que no pueden permitirse un
trabajador por 1200 euros puedan contratar por menos. Si esta es la solución al
paro, la previsión de fondo para la economía española es muy dura, muy alejada
de las connotaciones optimistas de expresiones tales como “luz al final del túnel” o “salida
de la crisis”.
La supresión
del SMI comportaría la desregulación total de los salarios y la caída en picado
de éstos dada la abultada desproporción entre oferta y demanda de empleo, la
limitada competitividad global de la economía española, su desfasado modelo
productivo y su tejido empresarial, constituido en más de un 90 % por Pymes.
El paro
descendería, es cierto, pero también el poder adquisitivo de la mayoría de la
población, como ya sucedió en Alemania cuando se optó por eliminar el SMI. Y el
panorama social resultante pueden imaginarlo: empeoramiento de la crisis
social, trabajar más por mucho menos, salarios que no
alcanzan para salir de la pobreza ni pagar las deudas, decadencia de servicios
públicos como la sanidad y la educación, problemas de seguridad ciudadana… ¿Es
esta la sociedad que queremos?
Samuel R
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