Las condiciones de los rescates financieros incluyen cláusulas de privatización del agua. En Europa la Troika pone en manos privadas un recurso que se prevé escaso en un futuro inmediato.
Datos y proyecciones indican que en los años
venideros podríamos asistir a serios problemas de escasez de agua dulce a nivel
mundial. Según el Instituto Internacional de Estocolmo, el crecimiento
acelerado de la población planetaria ha triplicado las extracciones de agua en
los últimos cincuenta años. Partiendo de una estimación que sitúa la población
mundial en 8.300 millones en 2030, se cree que el uso del agua para 2025 habría
aumentado un 50 % en los países en desarrollo y un 18 % en los desarrollados. Este
incremento podría acarrear consecuencias geopolíticas sumamente
desestabilizadoras, especialmente en los países en vías de desarrollo, donde se
estima que se concentre el 90 % del crecimiento de la población mundial y que
ya cuentan con problemas estructurales de abastecimiento y acceso sostenible al
agua potable.
En la UE existen desde hace décadas programas para afrontar
esta difícil coyuntura, pero la racionalización del consumo de agua se está
afrontando principalmente desde estrategias de mercado orientadas a cambiar patrones
de alimentación, especialmente en los países del norte, dirigiendo la demanda
hacia productos vegetales mediante una política de precios que
encarece-penaliza el consumo de carne. El lector ya sabrá que producir un kilo
de arroz requiere aproximadamente 3.500 litros de agua, frente a los 15.000
litros de un kilo de carne. Sin embargo, en función de la evolución de esta
problemática, no debería descartarse una implicación institucional más amplia y activa,
incluso intrusiva, como la protagonizada por la oficina de empleo de Pinneberg
(Alemania), recomendando a los desempleados que reduzcan gastos absteniéndose
de comer carne (1).
La racionalización del consumo del agua a través
del precio va de la mano de una apuesta por la privatización creciente de este
recurso fundamental para la vida. La actual crisis financiera se está
instrumentalizando para reforzar el poder de las corporaciones privadas, que
están adquiriendo bienes y servicios públicos a un precio bajo. La Troika
allana el camino para la privatización del sector público con sus medidas,
reforzando el poder económico-político de los grandes capitales multinacionales, que, motivados por la única lógica de la maximización de beneficios, ven ahora bajo su control sectores de la economía altamente sensibles para la paz social mundial y el futuro de la humanidad en su conjunto.
En el caso del agua, la Comisión Europea acelera la privatización de este bien público, exigiéndola como condición a los rescates financieros. Pone así en manos particulares un recurso notablemente estratégico y cuyo precio tenderá al alza por su escasez, apelando a los argumentos habituales: necesidad de sanear las cuentas públicas y de aumentar la competitividad de la economía (2).
En el caso del agua, la Comisión Europea acelera la privatización de este bien público, exigiéndola como condición a los rescates financieros. Pone así en manos particulares un recurso notablemente estratégico y cuyo precio tenderá al alza por su escasez, apelando a los argumentos habituales: necesidad de sanear las cuentas públicas y de aumentar la competitividad de la economía (2).
Llama la atención la ausencia de criterios
ético-jurídicos, de absoluta relevancia en un asunto que afecta directamente a
los derechos fundamentales de los ciudadanos. La privatización del agua en un
marco de futura escasez da rienda suelta al peligroso darwinismo social que
subyace al modelo neoliberal, según el cual en el marco
socio-económico deben sobrevivir quienes pueden pagar su supervivencia. La
amenaza que esta filosofía ultraindividualista representa en la gestión de un
recurso como el agua se ha materializado en varias manifestaciones populares de
rechazo contra esta política, voces populares que, sin embargo, son ignoradas
tanto por la UE como por los gobiernos que las aplican, que demuestran así un talante político muy alejado de la democracia.
El gobierno irlandés, a finales de 2010, aplicó
un programa de rescate del que surgió la nueva empresa del agua, Irish Water,
que ha empezado a medir el consumo de los usuarios y a cobrarles por un recurso que hasta ahora pagaban con impuestos. Esta medida ha despertado la indignación
popular que se ha traducido en una campaña contra las tarifas aplicadas al agua
(3). En Italia las presiones de la CE para la privatización del agua siguen
adelante, a pesar de la oposición de la opinión popular. Esta desaprobación
quedó clara en un referéndum en Junio de 2011, cuando el 96 % del electorado,
26 millones de ciudadanos, se declaró a favor de derogar las leyes que
fomentaban la privatización del agua y otros servicios públicos locales. Asimismo,
en Julio de 2012, como consecuencia de la gran presión popular, el Tribunal
Constitucional italiano sentenció que los intentos legales por privatizar los
servicios públicos locales, incluida el agua, eran anticonstitucionales (4).
En Portugal la campaña ciudadana Água é de todos presentó 40.000 firmas
en contra de la privatización de la compañía nacional de agua, exigida por el
rescate de la Troika. En España, en febrero de 2013 se pretendía privatizar el
49 % del Canal de Isabel II por unos 3000 millones de euros, aunque ese mismo
mes el gobierno de la Comunidad de Madrid anunciaba que la decisión se posponía debido a que la situación del mercado no aconsejaba la operación (5). En cualquier caso, la mitad de los
abastecimientos de agua en este país ya están controlados por manos privadas, fundamentalmente
por Agbar y FCC (6).
La gestión privada se vende como más eficiente
por la racionalización del gasto y la maximización de beneficios, arguyendo
frecuentemente que redunda en un precio más bajo para el consumidor por efecto
de la libre competencia. Pero la libre competencia frecuentemente deviene un
concepto vacío en el sector de los recursos naturales estratégicos, como el agua o la
energía, controlados por oligopolios. El consumidor sabe por experiencia propia
que las ofertas de las distintas compañías terminan equiparándose, como si la
estrategia más racional para competidores del mismo rango en un mercado de
productos de primera necesidad fuera igualar precios.
Finalmente, si se cumplen las proyecciones de disponibilidad de agua dulce por habitante para el medio plazo, cabe esperar con toda seguridad que la escasez de este recurso dispare al alza el beneficio económico que estas compañías obtengan de su gestión. Para entonces los contribuyentes que hoy sufren estas privatizaciones a manos de sus políticos y la UE serán usuarios anónimos, meros pagadores, y no podrán beneficiarse de esas plusvalías ni siquiera a través de la recaudación fiscal, porque probablemente las corporaciones del agua harán uso de la ingeniería contable y los paraísos fiscales para cumplir el único objetivo que consideran racional: maximizar beneficios monetarios. En resumen, tratándose de recursos intrínsecamente vinculados con el derecho a la vida y su dignidad, un control público autenticamente democrático salvaguarda con mayores garantías los derechos humanos y el interés general por encima de las ansias privadas de beneficio económico.
Sebastián Goldsmith.
Notas
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